Breve contexto histórico

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El 27 de junio de 1973 se produce el golpe de estado en Uruguay que da comienzo al periodo dictatorial.

El entonces presidente integrante del Partido Colorado, electo en 1971 Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento con el apoyo de las fuerzas militares y policiales.

En los años previos el país experimentó un aumento de las tensiones políticas y de acciones que se inscribían en proyectos de transformación social revolucionarias. Esos procesos se desarrollaron dando lugar a la formación de la unidad sindical, la que se concreta en la Convención Nacional de Trabajadores (1964) y también en la formación del Frente Amplio como expresión electoral unificadora de partidos y sectores de izquierda (1971).

La ruptura institucional  de 1973 no fue repentina, si no que fue precedida de años de una gradual crisis del sistema político, apoyado en una base social conservadora que favorecía el avance autoritario y de medidas crecientes de represión sobre las manifestaciones sociales de trabajadores y estudiantes.

La "lucha contra la subversión" se organizó como un proyecto autoritario de control policial - militar sobre todo espacio o colectivo percibido como enemigo del régimen. Esa visión producto de la doctrina de la seguridad nacional se extendió a través de un programa moralizador y criminalizador de la disidencia social y política.

Desde los años previos al golpe de estado, la tortura en dependencias policiales y militares se vuelve sistemática, extiende en todo el territorio nacional y se hace masiva. Esa práctica, junto a la prisión prolongada, se convirtieron en el principal método represivo y de control social.

Las prácticas burocráticas de control, encarcelamiento y vigilancia, se constituyeron en torno a una amplia red de lugares que multiplicaban el terror en la población.

A partir del 1° de marzo de 1985 se reinstala la institucionalidad democrática, a través de reclamos y manifestaciones populares se acuerda la liberación de las y los presos políticos. 

Sin embargo, las marcas del autoritarismo, así como el negacionismo sobre el accionar criminal de los agentes del autoritarismo dictatorial, persisten en discursos y  espacios sociales. Las luchas contra la impunidad continúan. A más de 34 años de la reorganización democrática y de la alternancia de partidos en el poder, la identificación exhaustiva y sistemática  de los lugares donde se materializó la represión continúa siendo un asunto pendiente.

Este proyecto intenta ser una herramienta más que contribuya en el camino de la memoria, la verdad y la justicia.