El texto redactado por Francisco José Ottonelli (IELSUR, 1986) propone fundar, en el derecho interno e internacional, una tipificación específica del delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. Parte de un diagnóstico histórico-jurídico: aunque la práctica tiene antecedentes, su expansión en los años setenta motivó la reacción internacional, como la resolución ONU de 1978 y, en Uruguay, el reconocimiento parlamentario de su carácter de crimen contra la humanidad tras la dictadura.
El autor subraya que el ordenamiento penal uruguayo protege bienes como la libertad o la integridad, pero carece de figuras que tutelen, de modo autónomo, los derechos humanos cuando la agresión proviene del poder estatal.
Ottonelli delimita los elementos fácticos de la desaparición forzada como la ausencia de orden judicial y de garantías; el ejercicio de la violencia a partir de secuestros y allanamientos ilegales; la falta de información y la difusión de informaciones falsas. Sostiene que su calificación como lesa humanidad retira los privilegios que se otorgan cuando se enfrentan delitos políticos, es decir, no procede el derecho al refugio o asilo, habilita la extradición, impone la imprescriptibilidad y restringe las amnistías salvo condiciones estrictas, por ejemplo cuando se determinan luego de comisiones de verdad y tras el juzgamiento de los responsables.
El ensayo se fundamente en artículos de la Constitución uruguaya como la defensa de la vida, libertad, domicilio y el debido proceso, así como la Declaración Americana, la Convención Americana, la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Destaca el autor el valor de la propuesta de FEDEFAM (1982), que define la desaparición forzada y niega la obediencia debida. Concluye que su tipificación expresa, insertada en un marco más amplio de protección de derechos, es indispensable para desalentar la práctica y fortalecer la cooperación internacional contra la impunidad.
