Fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció desde sus inicios la promoción y protección de los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales. Este compromiso se cristalizó en 1948 con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que sentó las bases para el desarrollo del derecho internacional en esta materia.

Sin embargo, para que estas declaraciones se convirtieran en obligaciones legales para los Estados, fue necesario crear tratados vinculantes. En 1966 se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual entró en vigor en 1976, en plena oleada de dictaduras en el Cono Sur.

Un elemento clave para comprender la intervención de la ONU en Uruguay es que, antes del golpe de Estado, el país había ratificado tanto el PIDCP como su Protocolo Facultativo (1970). Este protocolo otorgaba competencia al Comité de Derechos Humanos de la ONU (el órgano de expertos encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto) para recibir y examinar denuncias individuales de personas que alegaran ser víctimas de violaciones por parte del Estado.

Cuando se instauró la dictadura cívico-militar en 1973, este marco legal internacional se convirtió en una de las pocas y más efectivas herramientas de las que disponían los familiares de las víctimas y los exiliados para sortear la censura y la impunidad interna.

Durante los años de terrorismo de Estado, la ONU funcionó como una caja de resonancia para las denuncias internacionales. A pesar de los esfuerzos del régimen dictatorial por silenciar a la oposición y presentar una fachada de legalidad y "defensa de la civilización occidental", los órganos de la ONU documentaron y expusieron sistemáticamente las atrocidades.

• Las denuncias desde el exilio: Familiares, abogados, organizaciones de la sociedad civil y redes de exiliados uruguayos presentaron decenas de comunicaciones al Comité de Derechos Humanos. Denunciaron detenciones arbitrarias, secuestros, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y la total falta de garantías del debido proceso por parte de la justicia militar.
• Los dictámenes del Comité: A través de sus resoluciones (conocidas como "dictámenes" o views), el Comité de Derechos Humanos emitió condenas históricas contra el Estado uruguayo. Casos emblemáticos como los de José Luis Massera, Raúl Sendic y muchos otros presos políticos y desaparecidos, fueron analizados y fallados en contra de la dictadura.
• Desmantelamiento del relato oficial: Los informes de la ONU fueron cruciales para advertir a la comunidad internacional sobre la gravedad de la situación en Uruguay. El Comité no solo exigió la liberación de los presos políticos y la investigación de las torturas, sino que estableció jurisprudencia internacional al rechazar las justificaciones de "seguridad nacional" que esgrimía el régimen para suspender derechos fundamentales.

Los informes, comunicaciones y resoluciones emanadas de la ONU durante este período representan una prueba documental temprana, que demuestran que la comunidad internacional tenía conocimiento detallado y pruebas fehacientes de las violaciones a los derechos humanos en tiempo real. También reflejan el esfuerzo de la resistencia de las redes de solidaridad, familiares y defensores de derechos humanos que lograron llevar las voces de los presos y desaparecidos a los foros de Ginebra y Nueva York.