Derechos Humanos en el Uruguay

Derechos humanos en el Uruguay fue publicado en Montevideo en 1977 como segundo volumen de la Serie de Temas Nacionales, editada en el Palacio Legislativo. La realización estuvo a cargo de la División Publicaciones de la Biblioteca del Poder Legislativo, bajo la dirección de Wilfredo Pérez. Federico Fernández Prando fue responsable de la selección, la redacción de los textos y la compilación, mientras que Miguel González Cámpora realizó la carátula.

Aunque el volumen no presenta capítulos firmados por distintos autores, se apoya en una amplia tradición historiográfica y jurídica. Entre las referencias más relevantes se encuentra Eugenio Petit Muñoz, citado especialmente en los apartados dedicados al pensamiento artiguista, la esclavitud, la libertad civil y la situación jurídica de la población afrodescendiente. En este último tema aparece junto con Edmundo Narancio y José María Traibel, autores de La condición jurídica, social y económica de los negros durante el coloniaje en la Banda Oriental. También ocupa un lugar destacado Héctor Miranda, particularmente por sus estudios sobre las Instrucciones del Año XIII.

Entre los principales autores citados figuran, además, Aníbal Luis Barbagelata, Alberto Demicheli, Carlos Zubillaga Barrera, Felipe Ferreiro, Fructuoso Pittaluga, Mateo Magariños de Mello, Manuel Adolfo Vieira, Antonio Truyol, Ildefonso Pereda Valdez, Alfredo R. Castellanos, Enrique Armand Ugón, Julio C. Cerdeiras Alonso, Luis Arcos Ferrand y César Goldaracena. A estas fuentes doctrinarias e historiográficas se suman documentos artiguistas, textos constitucionales, leyes nacionales y declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

Desde el prólogo se enuncia con claridad la finalidad política de la obra. Allí se afirma que los derechos humanos "han sido, son y serán respetados" en Uruguay y se califican las denuncias sobre su vulneración como acusaciones falsas promovidas por algunos exiliados y actores extranjeros. La represión estatal es reinterpretada como una legítima defensa de la nación frente a la "subversión"», mientras las personas perseguidas aparecen caracterizadas como responsables de haber quebrantado previamente los derechos que ahora invocaban.  

Mientras el libro exalta la libertad, la seguridad individual, la independencia judicial y el debido proceso, el país se encontraba sin Parlamento electo, con partidos y sindicatos intervenidos, censura, justicia militar aplicada a civiles y miles de personas detenidas, torturadas, exiliadas, destituidas o desaparecidas. 

Un capítulo de este libro se titula "33 preguntas al lector", entre ellas se listan las siguientes:

"Los que asesinan a integrantes de las Fuerzas Armadas ¿respetan el derecho a la vida?", "Las organizaciones gremiales subversivas, al impedir la libre concurrencia de los trabajadores a sus empleos ¿respetan el derecho al trabajo ?", "La deformación de la conciencia del educando ¿es un derecho humano ?", "La prensa financiada por la subversión que injuria a las personas ¿respeta el derecho a la honra?".

El principal valor documental del volumen, motivo por el cual se agrega en esta colección,  reside en permitir analizar los mecanismos de negación, encubrimiento, propaganda y legitimación empleados por la dictadura. La apropiación del lenguaje jurídico y de la tradición artiguista procuraba dotar de continuidad histórica y apariencia legal a un régimen que, en los hechos, vulneraba sistemáticamente los principios que decía defender.