Reconstruir la historia de la cárcel de mujeres en Uruguay resulta difícil dado que a la escasa visibilidad en los documentos de época,se suma una singular situación en el Uruguay del novecientos; la de un país que destinaba la vigilancia de las mujeres delincuentes a la Orden del Buen Pastor de Angers y al mismo tiempo radicalizaba su proceso de secularización hasta extremos anticlericales,ordenando retirar los crucifijos de los hospitales (1906), aprobando la Ley de divorcio (1907) y suprimiendo la enseñanza religiosa de las escuelas públicas (1909). En 1929 en el marco de un nuevo impulso reformista de sectores progresistas del país y cuando el Parlamento discute una nueva ley sobre cárceles, se produce un intento de controlar a las monjas y modificar el gobierno de la cárcel de mujeres. Resulta de sumo interés analizar estas disputas entre las damas católicas, obispos y religiosas y los argumentos de diputados, médicos y jóvenes abogadas “positivistas” en esos enfrentamientos, aunque el resultado fuera negativo ya que la situación siguió incambiada, tanto que las religiosas continuaron administrando la cárcel hasta 1989. Este hecho plantea un campo dilemático que constituye el cerno de reflexión del artículo.
