El Juicio conocido popularmente como "Orletti I", cuya caratula formal es "GUILLAMONDEGUI, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado" fue el primer proceso en Argentina enfocado en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura (1976-1983). Este centro operó en Buenos Aires entre mayo y noviembre de 1976, en un taller mecánico del barrio de Floresta, y fue administrado por agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en coordinación con el Ejército. En Orletti funcionó la base principal de la Operación Cóndor en Argentina –el plan criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur–, donde se mantuvo cautivas, torturadas y desaparecidas a personas de diversas nacionalidades, especialmente uruguayos, chilenos y bolivianos. Tras la anulación de las leyes de impunidad en 2005, la justicia pudo reabrir causas por terrorismo de Estado, y Orletti I se inició en 2010 para investigar 65 casos de secuestros y torturas perpetradas allí.
El juicio, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal N.º1 de Buenos Aires, reconstruyó el funcionamiento de Orletti a partir de numerosos testimonios de sobrevivientes y familiares. Salieron a la luz detalles de los operativos clandestinos, las condiciones inhumanas de cautiverio y la coordinación con agentes extranjeros en el marco del Plan Cóndor.
Los imputados principales fueron miembros o colaboradores del servicio de inteligencia y de las Fuerzas Armadas que habían operado en Orletti. Entre ellos se encontraba el general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas, quien fungió como segundo jefe del centro clandestino; los ex agentes de inteligencia Honorio Carlos Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo –vinculados al grupo de tareas de la SIDE liderado por Aníbal Gordon–; y el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, todos ellos acusados de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, torturas y asesinatos. Otros responsables, como el coronel Rubén Visuara y el comodoro Néstor Guillamondegui, fueron parte de la causa pero no llegaron a ser sentenciados (Visuara falleció antes del veredicto y Guillamondegui fue apartado por razones de salud).
El 31 de marzo de 2011 se dictó la sentencia. Cabanillas fue condenado a prisión perpetua, al ser hallado culpable de numerosos secuestros, torturas y homicidios. Martínez Ruiz y Ruffo recibieron penas de 25 años de prisión cada uno, y Guglielminetti fue condenado a 20 años.
En la sentencia, el tribunal afirmó que los delitos cometidos en Automotores Orletti constituyeron crímenes de lesa humanidad, parte de la operativa represiva y sistemática del terrorismo de Estado. Asimismo, los jueces subrayaron la dimensión transnacional de esos crímenes: quedó demostrado que el centro clandestino de Orletti funcionó como base operativa del Plan Cóndor en Argentina, es decir, como un enclave donde las fuerzas represivas argentinas –con apoyo logístico de la CIA– colaboraban con agentes de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países para perseguir, intercambiar prisioneros y eliminar opositores políticos.
Este primer juicio Orletti marcó un hito en la búsqueda de justicia, ya que por primera vez se condenó de manera ejemplar a integrantes del aparato represivo por hechos ocurridos en ese centro clandestino, sentando las bases para ulteriores procesos.
El juicio recibió testimonio oral de 83 declarantes, 42 de ellos de nacionalidad uruguaya entre el 2 de julio de 2010 y el 1 de diciembre de 2010.
