Desaparición forzada

La causa judicial, iniciada en el año 2021, refiere a delitos de lesa humanidad cometidos contra mas de 50 ciudadanos y ciudadanas uruguayas en Argentina por parte de agentes militares uruguayos Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Ricardo Arab, actuando en ese país en coordinación con oficiales argentinos.

Los delitos que se denuncian son:

• Homicidios de: Zelmar Raúl Michelini Guarch, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo Longo, William Alen Whitelaw Blanco, Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Guilermo Rivera Jabif Gonda, Luis Enrique Latrónica Damonte, Telba Petrolina Juarez Beliz, Eduardo Efraín Chizzola Cano, Hugo Gomensoro Josman, José Hugo Méndez Donadio y Francisco Eduardo Candia Correa.
• Desaparición forzada de: Manuel Liberoff Peisajovich y Washington Javier Barrios Fernández.
• Supresión y suposición de estado civil de: María Macarena Gelman García y Mariana Zaffaroni Islas.
• Privación de libertad de: los niños Gabriela María Schroeder, María Victoria Barredo y Máximo Fernando Barredo, María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba. Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Alba Coitinho Mello y sus pequeñas hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martínez Coitinho, María del Carmen Martínez Adieggo, María del Rosario Villarino, Washigton Pérez Rossini, Washington Pérez Carrozo.
• Privaciones de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos (torturas) y lesiones graves respecto de: Alberto Andrés Correa, Rivera Moreno y Nicasio Moreno. Emilia Carlevaro, Marina Lombardi, María Parola y Andrés Cultelli Chiribao y los restantes detenidos en el “Plan Dragón”, Hugo Cores Pérez, Mario, Edén y Antonio Echenique San Pedro, Mario Di Negri, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Ricardo Martínez Platero, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta.
• Rapiñas en perjuicio de: La familia Gutiérrez Ruiz/Rodríguez, Luis Pedro y Zelmar Michelini hijo, la familia Whitelaw/Barredo, el domicilio de Eden Echenique San Pedro, la familia Martinez Platero/Coitinho, el matrimonio Gomensoro/Vallarino, el domicilio de la pareja Mendez/Martinez Adieggo, la familia Mechoso/Catellonese y la familia Soba/Laguna.

Esta causa judicial se desarrollo  tramitada ante un tribunal de Roma (Italia). Aborda el secuestro, asesinato y desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, así como el secuestro y posterior desaparición de la pareja integrada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaela Filipazzi. La pareja fue secuestrada en Montevideo el 25 de junio de 1977, en un operativo conjunto coordinado por las dictaduras de Uruguay y Paraguay, en el marco del Plan Cóndor.

La investigación judicial reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo y la cooperación transnacional entre servicios de inteligencia de las dictaduras. En este contexto, el ex integrante del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), Jorge Tróccoli, quien también actuó como enlace con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, fue condenado a cadena perpetua el 21 de octubre de 2025 por su responsabilidad en estos crímenes.

El juicio se desarrolló a partir de dos causas que llegaron a juicio por separado, conocidas como Operación Cóndor y Automotores Orletti. En conjunto, totalizan los casos de 173 víctimas con nacionalidad de la mayoría de los países que integraron la Operación Cóndor, de las cuales 45 eran uruguayos. La sentencia fue dada a conocer el 27 de mayo de 2016 y entre otros represores, se condenó a Manuel Cordero a 25 años de prisión por ser partícipe necesario y penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la Libertad, en perjuicio de Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ari Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni y María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

La causa por el secuestro, torturas y desaparición del obrero y militante comunista Horacio Gelós fue presentada en 2010 fue archivada en 2020.

El Juicio conocido popularmente como "Orletti I", cuya caratula formal es "GUILLAMONDEGUI, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado" fue el primer proceso en Argentina enfocado en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura (1976-1983). Este centro operó en Buenos Aires entre mayo y noviembre de 1976, en un taller mecánico del barrio de Floresta, y fue administrado por agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en coordinación con el Ejército. En Orletti funcionó la base principal de la Operación Cóndor en Argentina –el plan criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur–, donde se mantuvo cautivas, torturadas y desaparecidas a personas de diversas nacionalidades, especialmente uruguayos, chilenos y bolivianos. Tras la anulación de las leyes de impunidad en 2005, la justicia pudo reabrir causas por terrorismo de Estado, y Orletti I se inició en 2010 para investigar 65 casos de secuestros y torturas perpetradas allí.

El juicio, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal N.º1 de Buenos Aires, reconstruyó el funcionamiento de Orletti a partir de numerosos testimonios de sobrevivientes y familiares. Salieron a la luz detalles de los operativos clandestinos, las condiciones inhumanas de cautiverio y la coordinación con agentes extranjeros en el marco del Plan Cóndor.

Los imputados principales fueron miembros o colaboradores del servicio de inteligencia y de las Fuerzas Armadas que habían operado en Orletti. Entre ellos se encontraba el general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas, quien fungió como segundo jefe del centro clandestino; los ex agentes de inteligencia Honorio Carlos Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo –vinculados al grupo de tareas de la SIDE liderado por Aníbal Gordon–; y el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, todos ellos acusados de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, torturas y asesinatos. Otros responsables, como el coronel Rubén Visuara y el comodoro Néstor Guillamondegui, fueron parte de la causa pero no llegaron a ser sentenciados (Visuara falleció antes del veredicto y Guillamondegui fue apartado por razones de salud).

El 31 de marzo de 2011 se dictó la sentencia. Cabanillas fue condenado a prisión perpetua, al ser hallado culpable de numerosos secuestros, torturas y homicidios. Martínez Ruiz y Ruffo recibieron penas de 25 años de prisión cada uno, y Guglielminetti fue condenado a 20 años.

En la sentencia, el tribunal afirmó que los delitos cometidos en Automotores Orletti constituyeron crímenes de lesa humanidad, parte de la operativa represiva y sistemática del terrorismo de Estado. Asimismo, los jueces subrayaron la dimensión transnacional de esos crímenes: quedó demostrado que el centro clandestino de Orletti funcionó como base operativa del Plan Cóndor en Argentina, es decir, como un enclave donde las fuerzas represivas argentinas –con apoyo logístico de la CIA– colaboraban con agentes de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países para perseguir, intercambiar prisioneros y eliminar opositores políticos.

Este primer juicio Orletti marcó un hito en la búsqueda de justicia, ya que por primera vez se condenó de manera ejemplar a integrantes del aparato represivo por hechos ocurridos en ese centro clandestino, sentando las bases para ulteriores procesos.

El juicio recibió testimonio oral de 83 declarantes, 42 de ellos de nacionalidad uruguaya entre el 2 de julio de 2010 y el 1 de diciembre de 2010.

Esta causa judicial refiere al secuestro y supresión de identidad de Anatole y Victoria Julién Grisonas. Por la misma fueron procesados los represores Jorge Silveira, José Ricardo Arab y Gilberto Vázquez el 6/7/2021. Otros dos imputados, Luis Maurente y José Gavazzo fallecieron antes de que se emitiera el procesamiento.

El 1 de setiembre de 2023 se dictó la condena por esta causa, alcanzando solo a Arab y Silveira, ya que Vázquez había fallecido en octubre de 2021.

Se condenó a Enrique Ribero Ugartemendia y a José Uruguay Araújo Umpiérrez a 19 y 17 años de penitanciaría respectivamente como coautores de homicidio político agravado como crimen de lesa humanidad de Ubagesner Chaves Sosa. Los hechos ocurrieron el el centro clandestino de detención y tortura de la ex base Aérea de Boiso Lanza en 1976 y el cuerpo de Chaves Sosa se ubicó en 2005 en la llamada Chacra de Pando (Canelones).

Por esta causa, que refiere a las desapariciones forzadas de Edison Inzaurralde y Nelson Santana fue procesado con prisión el Coronel (r) Carlos Calcagno Gorlero. Al fallecer en el año 2013 la causa fue archivada.

En el año 2007 se procesó por esta causa al ex dictador Gregorio Álvarez y al represor Juan Carlos Larcebeau, por reiterados delitos de desaparición forzada, llevados a cabo en el marco de la coordinación represiva Plan Cóndor. Dos años mas tarde, se condenó a Álvarez como autor de treinta y siete delitos de homicidio muy especialmente agravados y a Larcebeau como autor de veintinueve delitos de homicidio muy especialmente agravados. Las penas a cumplir fueron de veinticinco y veinte años de penitenciaría respectivamente.

El 15 de agosto de 2007, impulsada por IELSUR se presentó la petición inicial ante la CIDH relacionada con la falta de investigación y sanción de los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio (las "Muchachas de abril"), el 21 de abril de 1974. Asimismo, el caso se denunció la falta de investigación y sanciones referidas a los delitos de desaparición forzada de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, a partir del 13 de diciembre de 1974 y del 19 de julio de 1977, respectivamente.

El El 8 de noviembre de 2012 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad por el cual se admitió la petición.

El 15 de noviembre de 2021 se emitióla sentencia condenatoria al Estado uruguayo en la que se detallan las recomendaciones y reparaciones dictadas por La Corte. El 15 de junio de 2023 el Estado uruguayo realizó en el Palacio Legislativo un acto de asunción de su responsabilidad, encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón y con la ausencia inexplicada del Presidente Luis Lacalle Pou

En esta causa judicial se condenó a los represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, a la pena de 25 años de penitenciaría por su participación en la secuestro, torturas, asesinato y desaparición de ciudadanas y ciudadanos uruguayos en Argentina en 1976, en el marco de la coordinación conocida como Plan Cóndor.

El procesamiento de Gavazzo y Arab había tenido lugar en la causa 2-43332/2005 en la cual también habían sido procesados Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Luis Maurente, José Sande Lima y Gilberto Váquez. Estos últimos fueron condenados en dicha causa a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría. Por su parte, Gavazzo y Arab recibieron penas de 25 años de penitenciaría.

En mayo de 2006 se llevó a cabo la petición inicial ante la CIDH en relación a los delitos de desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, la apropiación de identidad de María Macarena Gelman García y la denegación de justicia a Juan Gelmán, Macarena y otros familiares y la impunidad existente a causa de la aplicación de la Ley de Caducidad en Uruguay.

El 9 de marzo de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad en el cual declaró la admisibilidad del caso y el 21 de enero de 2010 la CIDH finalmente presentó la demanda contra Uruguay.

El 24 de febrero de 2011 se emite la sentencia condenatoria al Estado Uruguayo en la que se detallan las recomendaciones y reparaciones dictadas por La Corte.

Causa que condenó a represores por su participación en la secuestro, torturas, asesinato y desaparición de 28 ciudadanas y ciudadanos uruguayos en Argentina en 1976, en el marco de la coordinación conocida como Plan Cóndor. En el año 2006 se procesó a los represores Ernesto Ramas, Jorge Silveira, José Gavazzo, Ricardo Medina, José Arab, Luis Maurente, José Sande Lima y Gilberto Váquez, con prisión preventiva por un delito de privación de libertad con un delito de asociación para delinquir. Si bien en la indagatoria se mencionaban mas víctimas, la única considerada en esta instancia fue Adalberto Waldemar Soba Fernández, ya que era el único caso excluido de la Ley de Caducidad de los mencionados.

En el año 2009 se terminó procesando a Silveira, Vázquez y Ramas como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, con penas de 25 años de penitenciaría, mientras que a Maurente, Medina y Sande Lima por los mismos delitos se los condenó a 20 años de penitenciaría. Los otros dos procesados originalmente, José Gavazzo y Ricardo Arab, fueron condenados en la causa 98-247/2006 cuya sentencia se dictó el mismo día y también recibieron penas de 25 años de penitenciaría.

En esta causa se condenó a los represores Pedro Freitas y Nelson Bardecio como co-autores del homicidio muy especialmente agravado del estudiante Héctor Castagnetto Da Rosa, a cumplir penas de 15 años y 6 meses de penitenciaria.

El 11 de noviembre de 2005, se presentó la petición inicial ante la CIDH relacionada con la falta de investigación, sanción y reparación de las desapariciones forzadas de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, así como otras violaciones a los derechos humanos de los hijos del matrimonio, Anatole y Victoria.

El 4 de mayo de 2019 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad por el cual se admitió la petición.

Los días 21 y 23 de setiembre de 2021 se emitió la sentencia condenatoria al Estado Argentino en la que se detallan las recomendaciones y reparaciones dictadas por la CIDH

En esta causa, se procesó el 20/12/2006 al ex dictador Juan María Bordaberry por 10 delitos de homicidio. Cuatro años mas tarde se dictó la condena definitiva, imputándosele los delitos de atentado a la Constitución con 9 crímenes de desaparición forzada y 2 homicidios políticos, condenándolo a 30 años de prisión.

Por la resolución No. 2278 procesó a Arab, Vázquez, Silveira, Medina y Gavazzo por homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. En el año 2017 se dictó sentencia de condena a 30 años de penitenciaria a estos represores por dicho delito. Un tribunal de apelaciones confirmó en el año 2018 la sentencia de condena.

En el año 2010 se decretó el procesamiento y prisión de Juan Carlos Gómez y José Nino Gavazzo como autor y coautor del delito de homicidio muy especialmente agravado de Roberto Gomensoro Josman. No obstante, con fecha 24/12/2013 se dispuso el sobreseimiento y la clausura del proceso respecto de los dos imputados, acogiendo de ese modo la solicitud realizada por el Fiscal Letrado Departamental.

El Juicio de Roma al Plan Cóndor, es una mega causa, por la cual se condenó a civiles y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a cadena perpetua por el asesinato y desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Los uruguayos condenados fueron Pedro Mato Narbondo, José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Luis Maurente, José Sande Lima, Ernesto Soca, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Carlos Blanco, Juan Carlos Larcebeau y  Jorge Tróccoli. Exceptuando a este último, el resto ya había sido condenado en Uruguay por causas de lesa humanidad.

El 9 de julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de Italia, ratificó las condenas. El represor Jorge Tróccoli que se encontraba prófugo de la justicia uruguaya desde 2007 y residiendo en Italia, fue conducido a cumplir con prisión efectiva su condena el 10 de julio.

En el juicio refiere a la desaparición forzada en Chile de los uruguayos Alberto Fontela Alonso, Juan Ángel Cendán Ahumada y el ciudadano brasileño Tulio Quintiliano Cardoso en el marco de las coordinaciones represivas de las dictaduras urugaya y chilena. El 8 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a los represores chilenos Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.

La madre de Elena, María del Carmen "Tota" Almeida de Quinteros, Raúl Olivera y Milton Romani, solicitaron el desarchivo de expedientes vinculados a la causa que fueron archivados por la ley de Caducidad, permitiendo que se continuara la instrucción hasta el procesamiento de los denunciados.

En esta causa, referida a la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros, fue procesado con prisión el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, el 18/10/2002 como co-autor de un delito de Privación de libertad, la fiscal Mirtha Guianze había solicitado su procesamiento por desaparición forzada. En el año 2010 se lo condenó a 20 años de penitenciaria por la coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado.

En agosto de 2025 se procesó con prisión a los militares miembros del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA): Jorge Silveira, Raúl Scioscia y Rubén Sosa Tejera .

En la causa judicial sobre la desaparición forzada del maestro Julio Castro, fue procesado Juan Ricardo Zabala Quintero en el año 2012. A partir de una apelación el Tribunal de Apelaciones de 4to Turno revocó el procesamiento de Zabala y procesó en esa ocasión a José Nino Gavazzo. En el año 2020 Gavazzo fue condenado a 25 años de penitenciaria como co autor del homicidio muy especialmente agravado de Julio Castro.

El 24 de noviembre de 2023 fueron procesados con prisión por el homicidio especialmente agravado de Julio los represores: Omar Raúl Lacasa Antelo, Rudyard Scioscia, José Luis Parisi Alegre, Antraning Ohannessian y Rubely Pereyra.

Esta causa judicial refiere a las torturas, asesinato y desaparición forzada de Luis Eduardo Arigón, militante del Partido Comunista y sindicalista de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria (FUECI). La denuncia fue realizada por la esposa de Arigón, Sara Barrocas, en el año 1985.

En junio de 1977, durante la dictadura uruguaya, fuerzas represivas (OCOA y DNII) detuvieron a Luis Eduardo Arigón, siendo trasladado al centro clandestino de detención “La Tablada”, donde fue sometido a torturas que le provocaron la muerte. Los restos de Arigón fueron recuperados e identificados en el marco de las excavaciones en el Batallón No. 14 en el año 2024.

El 18 de junio de 2024 los represores Rubén Atilio Sosa Tejera, Jorge Silveira Quesada, Antranig Ohannessian Ohannián y Washington Ángel Grignoli Guarnieri fueron procesados con prisión por homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautores.

La causa se reabre en el año 2020. Al encontrarse e identificarse los restos de Eduardo Bleier, el fiscal de lesa humanidad solicitó en octubre de 2019 la reapertura de la causa judicial que se encontraba archivada.

Esta causa judicial refiere al asesinato y la desaparición forzada de Antonio Omar Paitta Cardozo, de 39 años, padre de tres hijos, obrero de la construcción, integrante del sindicato SUNCA y Secretario de la Regional 3 del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Fue secuestrado en la madrugada del 21 de setiembre de 1981, en el marco de una serie de operativos a gran escala dirigidos por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) para desarticular al PCU. Paitta fue trasladado inmediatamente al centro clandestino de detención "La Tablada", un recinto operado exclusivamente por el OCOA. Allí fue sometido a severos interrogatorios bajo intensos tormentos físicos (como submarino, plantones, picana eléctrica y golpes de diversa intensidad) con el fin de extraerle información sobre el partido y el sindicato.

Como consecuencia directa de las torturas recibidas durante los interrogatorios, Antonio Omar Paitta falleció en dicho centro clandestino el 1º de octubre de 1981, diez días después de su captura. El procesamiento Dra. Isaura Tórtora Bof el 21 de marzo de 2025 aborda específicamente el rol que tuvieron los represores en el asesinato de Paitta:

La jueza encontró elementos de convicción suficientes (semiplena prueba) para enjuiciar a dos exoficiales que operaban en el OCOA durante ese período. Se les imputó la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautores:

Enrique Uyterhoeven Castiglioni (alias "Ulises"): Al momento del asesinato de Paitta, cumplía funciones como el 2º Jefe de la División Operaciones de OCOA. El propio indagado admitió haber operado en "La Tablada" bajo el apodo de "Ulises", y más de una decena de sobrevivientes lo reconocieron directamente al momento de sus propias detenciones, interrogatorios y sesiones de tortura. Se decretó su procesamiento con prisión efectiva. Ya se encontraba previamente procesado por otros delitos de privación de libertad y abuso de autoridad cometidos en el mismo centro clandestino.

Alberto Miguel Lombardi Guida (posible alias "Lucas"): Según su legajo militar, se desempeñó como analista de inteligencia y operó en "La Tablada" entre julio de 1981 y febrero de 1982 (período exacto en el que ocurrió el crimen). Su legajo personal contiene anotaciones y felicitaciones del jefe de OCOA, Gustavo Taramasco, destacando su "total solvencia" y participación exitosa en "operaciones especiales de inteligencia" apenas días antes del asesinato de Paitta. Se decretó su procesamiento con prisión domiciliaria y uso de dispositivo electrónico (tobillera). La jueza le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.

En esta causa judicial que trata sobre la desaparición forzada de Oscar Tassino, así como la prisión ilegítima y torturas a varias personas pertenecientes al PCU, fue procesado con prisión el 30 de abril de 2021 el represor Eduardo Ferro, imputado por los delitos de secuestro, tortura y desaparición. El 23 de junio 2021 se procesó a Ernesto Ramas y a Jorge Silveira, entre otros delitos, por el de coautores de homicidio especialmente agravado en calidad de partícipe extraño.

El 20 de setiembre de 2022 la justicia condenó a 25 años de penitenciaría a Jorge Silveira y Ernesto Ramas por la desaparición del militante comunista en julio de 1977. Se dispuso la condena de los represores como coautores de seis delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de autoridad (torturas), cuatro delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores. En junio de 2023 fue condenado Eduardo Ferro a 21 años de penitencieria por los crímenes de esta causa judicial.

Esta causa, que denuncia múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina y Uruguay en el marco de la "Operación Cóndor", tuvo su inicio formal en 1984 y experimentó diversas etapas de archivo y desarchivo. La investigación logró desentramar el secuestro, la tortura y el traslado clandestino de decenas de ciudadanos uruguayos, en su mayoría militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y otros movimientos de izquierda.

El procesamiento del Dr. Ramón Rodríguez de Armas ("Oscar 5"):

En una pieza separada de este expediente (IUE 90-334/2017), el 11 de marzo de 2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno revocó el archivo de la causa y dictó el procesamiento sin prisión del médico ginecólogo militar Ramón Rodríguez de Armas. Fue procesado como presunto coautor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos. Múltiples testimonios de sobrevivientes lo identificaron fotográficamente como el individuo que operaba bajo el alias "Oscar 5" en los centros clandestinos (como la casona del SID y el "300 Carlos"). Su rol consistía en evaluar la resistencia física de los detenidos durante las sesiones de tortura y recetarles medicamentos para disimular su grave deterioro antes de ser presentados ("blanqueados") ante la Justicia Militar. Asimismo, por su especialidad médica y testimonios de las víctimas, se lo vincula con la asistencia en cautiverio de mujeres embarazadas, incluyendo los controles a María Claudia García Iruretagoyena de Gelmán.

Tras este proceso judicial y luego de una absolución inicial en primera instancia, el 8 de octubre de 2024 el Tribunal de Apelaciones revocó dicha decisión y condenó a Rodríguez de Armas a la pena de siete años de penitenciaría. El tribunal lo halló coautor responsable de reiterados delitos de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones graves.

La Sentencia Definitiva contra Arab, Silveira, Medina y Soca (2025):

En el expediente principal (90-190/1984), el 30 de abril de 2025 se dictó la Sentencia Nro. 3/2025 (notificada a las partes el 2 de mayo), en la cual se condenó a cuatro exoficiales militares y policiales: José Ricardo Arab, Jorge Silveira Quesada, Ricardo Medina Blanco y Ernesto Soca Prado (un quinto imputado, Ernesto Ramas, falleció durante el proceso, extinguiéndose la acción penal en su contra).

El fallo judicial dio por plenamente probado el siguiente accionar delictivo:

• Entre junio y julio de 1976, fuerzas represivas uruguayas (integrantes del SID y OCOA) operaron en Buenos Aires para secuestrar a ciudadanos exiliados, trasladándolos al centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Allí, los acusados participaron activamente en la aplicación de brutales tormentos (colgamientos, picana eléctrica, "submarino" seco y húmedo, violencia sexual y desnudez forzada).
• En la noche del 26 de julio de 1976, los prisioneros fueron maniatados, encapuchados, con los ojos y bocas tapados con cinta, y obligados a abordar un avión militar que los ingresó ilegalmente a Uruguay.
• Al arribar a Montevideo, las víctimas fueron confinadas en centros clandestinos como la "Casa de Punta Gorda" ("Infierno Chico") y la sede del SID (Bulevar Artigas y Palmar), donde los interrogatorios bajo tortura continuaron.
• Para encubrir los secuestros internacionales y darle una apariencia de legalidad a las capturas, los represores orquestaron un falso operativo el 23 de octubre de 1976. Trasladaron a las víctimas a un chalet en Shangrilá y a hoteles céntricos, simulando que acababan de ingresar clandestinamente al país para realizar ataques armados, forzándolas a firmar actas espurias y entregándolas posteriormente a la Justicia Militar.

En estos episodios se destaca el caso de Sara Méndez, a quien le sustrajeron a su hijo Simón (de apenas unos días de nacido) al momento de su secuestro en Argentina, logrando recuperar su identidad 16 años después. Si bien la Fiscalía solicitó condenar a José Arab por el delito de sustracción y supresión de estado civil del menor, el juez lo absolvió de este cargo específico por falta de prueba directa de su participación en ese hecho particular, condenándolo por el resto de los crímenes.

Las Penas Impuestas:

El juzgado determinó las siguientes condenas de penitenciaría, ajustando los años según la responsabilidad funcional de cada represor:

• José Ricardo Arab Fernández: 10 años de penitenciaría, como autor de reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
• Jorge Silveira Quesada y Ricardo Medina Blanco: 9 años de penitenciaría, como coautores de reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
• Ernesto Soca Prado: 6 años de penitenciaría, como coautor de reiterados delitos de abuso de autoridad y lesiones graves.

Esta causa judicial refiere al secuestro y desaparición de Elena Cándida Quinteros Almeida, maestra de 30 años e integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Quinteros fue secuestrada en su domicilio el 24 de junio de 1976 por efectivos del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y llevada al centro clandestino "300 Carlos" (o "Infierno Grande"), donde fue torturada intensamente para que delatara a sus compañeros.

Para que cesaran los apremios, Quinteros fingió que tenía una reunión con un contacto en la zona de Bulevar Artigas y Palmar. En la mañana del 28 de junio de 1976 fue llevada al lugar y, en un descuido de sus captores, corrió hacia los jardines de la Embajada de Venezuela pidiendo asilo político a gritos. Los militares y policías ingresaron por la fuerza al recinto diplomático, forcejearon violentamente con el Consejero y el Secretario de la embajada (lesionando a uno de ellos) y la arrastraron de los cabellos hacia un automóvil Volkswagen verde. Este gravísimo hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay el 5 de julio de 1976. Fue devuelta al "300 Carlos", salvajemente torturada durante meses y ejecutada a principios de noviembre de 1976, siendo luego desaparecida.

La jueza dictaminó el procesamiento de tres exoficiales operativos del OCOA, un organismo que dependía directamente de la División de Ejército N° 1:

1. Ruben Atilio Sosa Tejera: Se desempeñaba como Jefe de la División de Informaciones de OCOA. Su propio legajo militar de 1976 destaca su "eficacia, valor, resolución y capacidad de mando" en la organización y dirección de operativos para capturar a sediciosos y en la confección de ficheros de detenidos.
2. Jorge Silveira Quesada: Agente operativo de OCOA. Su legajo personal militar de 1976 documenta su actuación nocturna y de madrugada capturando integrantes de organizaciones subversivas. Además, fue identificado directamente por múltiples testigos y víctimas.
3. Rudyard Raúl Scioscia Soba: Agente operativo de OCOA, mencionado por testigos y cuyo legajo lo ubica integrando equipos militares encargados de rastrear e informar sobre actividades contrarias al régimen. Su defensa intentó frenar este procesamiento presentando recursos de inconstitucionalidad a último momento, lo cual la jueza desestimó calificándolo como una "clara maniobra dilatoria".

Para Scioscia y Silveira se decretó el procesamiento con prisión, mientras que para Sosa, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Esta causa judicial refiere al secuestro, asesinato y desaparición forzada de Mónica Benarroyo Pencú. A partir del hallazgo de los restos de Benarroyo, se instruyó una investigación que en primera instancia se condenó al oficial retirado de Ejército, Juan Iván Vidal Ogueta. Se lo condenó a 10 años y un día de presidio como autor del delito de secuestro, estableciendo además una indemnización civil de 40 millones de pesos para la sobrina de la víctima.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de La Serena modificó el grado de participación de Vidal Ogueta a cómplice, rebajando la pena a 3 años y un día de presidio.

Ante los recursos de casación presentados por la defensa, la parte querellante y el Programa de Derechos Humanos, la Suprema Corte, ratificó y confirmó el 12 de febrero de 2026, la condena de 3 años y un día en calidad de cómplice de Vidal Ogueta. Dicho oficial ya había sido condenado previamente en la causa conocida como Episodio "Conscriptos de Arica" (Rol N°2182-98). En dicho proceso, fue condenado como autor de dos homicidios calificados perpetrados en contra de los detenidos Sergio Amador Pantoja Rivera y Juan Francisco Peña Fuenzalida.