Tribunal de Argentina

El 19 de febrero de 2026 comenzó, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal de Argentina, el juicio por los crímenes cometidos en dos centros clandestinos de la SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar (Tte. Cnel. Gregorio Pomar 4171, barrio de Pompeya; funcionó en 1977, bajo órdenes del fallecido Aníbal Gordon). Los cuatro acusados son ex agentes de la SIDE, de nacionalidad argentina: César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar, Patricio Miguel Finnen y el personal no orgánico Julio César Casanova Ferro.

Se los juzga por la privación ilegal de la libertad y la imposición de torturas de 90 víctimas de ambos centros (cinco eran niños al momento de los hechos) y por dos casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años.

Víctimas uruguayas

Según la acusación, por Automotores Orletti pasaron personas detenidas de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, cubana y argentina —la mayoría aún desaparecidas—, de modo que hay víctimas uruguayas entre las 90 de la causa. El caso uruguayo detallado explícitamente en este juicio es el de los niños Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas, cuya sustracción, retención y ocultamiento se imputa aquí a Finnen, Escobar y Albarracín (hechos ya juzgados también, respecto de otros represores, en la causa Orletti V).

Esta Causa Judicial refiere a los crímenes cometidos en cuatro centros clandestinos de Argentina, que funcionaron en brigadas de la Policía bonaerense dentro del “Circuito Camps”.

Los Pozos de Quilmes y Banfield fueron un enclave central del Plan Cóndor: al menos unos 30 uruguayos pasaron por el Pozo de Quilmes y al menos 24 por el de Banfield, mayoritariamente militantes del PVP (y también del GAU, PCR y tupamaros) secuestrados entre fines de 1976 y comienzos de 1978, trasladados alternativamente entre ambos pozos. La mayoría permanece desaparecida. Tres casos emblemáticos de apropiación de niños vinculados a estos centros son María Victoria Moyano Artigas, Carmen Gallo Sanz y Carlos D’Elía Casco.

El 26 de marzo de 2024 el tribunal dictó 10 penas de prisión perpetua, una de 25 años y una absolución:

• Prisión perpetua (10): Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno bonaerense, único civil), Federico Minicucci (Regimiento de Infantería 3 de La Tablada), Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu y Carlos Gustavo Fontana (Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército), Juan Miguel Wolk (Policía bonaerense), Jorge Antonio Bergés (médico) y Luis Horacio Castillo (brigadas de Banfield y Lanús).
• 25 años: Alberto Julio Candioti (Destacamento de Inteligencia 101). En este caso la fiscalía había pedido perpetua, pero el tribunal acogió un planteo de falta de acción por una serie de hechos que “exceden el marco” de la requisitoria que la Justicia argentina había hecho a la República Oriental del Uruguay, desde donde Candioti fue remitido en 2016.
• Absuelto: Enrique Augusto Barre.

El tribunal condenó por desaparición forzada, homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, sustracción de menores, reducción a la servidumbre, aborto forzado y delitos de violencia sexual (abuso sexual con acceso carnal y abuso deshonesto). Entre las víctimas hay decenas de embarazadas, niños y niñas apropiados, estudiantes secundarios de “la noche de los lápices” y —por primera vez reconocidas como víctimas del terrorismo de Estado en este circuito— un grupo de personas trans secuestradas y torturadas en el Pozo de Banfield. En minoría, el juez Basílico calificó los hechos como cometidos “en el marco de un genocidio”.

Si bien no hubo represores uruguayos entre los condenados, sí está documentado que en Banfield y Quilmes actuaron en 1977-1978 integrantes del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) del Ejército uruguayo, que manejaban al grupo de prisioneros uruguayos.

El juicio se desarrolló a partir de dos causas que llegaron a juicio por separado, conocidas como Operación Cóndor y Automotores Orletti. En conjunto, totalizan los casos de 173 víctimas con nacionalidad de la mayoría de los países que integraron la Operación Cóndor, de las cuales 45 eran uruguayos. La sentencia fue dada a conocer el 27 de mayo de 2016 y entre otros represores, se condenó a Manuel Cordero a 25 años de prisión por ser partícipe necesario y penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la Libertad, en perjuicio de Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ari Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni y María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

Esca causa judicial es tercer y cuarto tramo de los juicios por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 en un taller de la calle Venancio Flores 3519/21 (barrio de Floresta) alquilado por la SIDE. Orletti fue la base operativa principal del Plan Cóndor en Argentina —conocida como “Base O.T. 18”— y estuvo dedicada especialmente a perseguir a militantes uruguayos, chilenos y bolivianos exiliados en Buenos Aires.

Los cuatro acusados, todos argentinos, fueron condenados el 11 de septiembre de 2017: José Néstor Ferrer (ex policía federal) a 25 años; César Alejandro “Pino” Enciso (ex agente de la SIDE, banda de Aníbal Gordon) a 16 años; y los ex inspectores de la Policía Federal Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, a 6 años cada uno.

Tres de las nueve víctimas de la causa eran uruguayas, todas vinculadas al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP):

• Gerardo Francisco Gatti Antuña — dirigente del PVP. Secuestrado el 9 de junio de 1976 y llevado a Orletti; permanece desaparecido.
• Julio César Rodríguez Rodríguez — militante de la ROE y luego del PVP. Secuestrado el 15 de junio de 1976 y torturado en Orletti; permanece desaparecido.
• Mario Roger Julien Cáceres — militante del PVP, asesinado durante el operativo del 26 de septiembre de 1976 en San Martín (Buenos Aires). Padre de los niños Julien-Grisonas. Su esposa, Victoria Lucía Grisonas (nacida en Argentina, que también obtuvo la ciudadanía natural uruguaya), fue secuestrada en el mismo operativo y permanece desaparecida.

El 27 de febrero de 2019 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (jueces Hornos, Borinsky y Gemignani) hizo lugar parcialmente a los recursos de la Fiscalía y las querellas y anuló parcialmente la sentencia en dos puntos: la calificación jurídica por la que se condenó a Ferrer por el homicidio de Estela María Moya de Gayá, y las absoluciones de Nerone y Gutiérrez por el homicidio del uruguayo Mario Roger Julién Cáceres, reenviando esos puntos al tribunal de origen. En lo demás rechazó los planteos de las defensas y confirmó el fallo, incluida la condena de Enciso

El Juicio conocido popularmente como "Orletti I", cuya caratula formal es "GUILLAMONDEGUI, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado" fue el primer proceso en Argentina enfocado en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura (1976-1983). Este centro operó en Buenos Aires entre mayo y noviembre de 1976, en un taller mecánico del barrio de Floresta, y fue administrado por agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en coordinación con el Ejército. En Orletti funcionó la base principal de la Operación Cóndor en Argentina –el plan criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur–, donde se mantuvo cautivas, torturadas y desaparecidas a personas de diversas nacionalidades, especialmente uruguayos, chilenos y bolivianos. Tras la anulación de las leyes de impunidad en 2005, la justicia pudo reabrir causas por terrorismo de Estado, y Orletti I se inició en 2010 para investigar 65 casos de secuestros y torturas perpetradas allí.

El juicio, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal N.º1 de Buenos Aires, reconstruyó el funcionamiento de Orletti a partir de numerosos testimonios de sobrevivientes y familiares. Salieron a la luz detalles de los operativos clandestinos, las condiciones inhumanas de cautiverio y la coordinación con agentes extranjeros en el marco del Plan Cóndor.

Los imputados principales fueron miembros o colaboradores del servicio de inteligencia y de las Fuerzas Armadas que habían operado en Orletti. Entre ellos se encontraba el general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas, quien fungió como segundo jefe del centro clandestino; los ex agentes de inteligencia Honorio Carlos Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo –vinculados al grupo de tareas de la SIDE liderado por Aníbal Gordon–; y el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, todos ellos acusados de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, torturas y asesinatos. Otros responsables, como el coronel Rubén Visuara y el comodoro Néstor Guillamondegui, fueron parte de la causa pero no llegaron a ser sentenciados (Visuara falleció antes del veredicto y Guillamondegui fue apartado por razones de salud).

El 31 de mayo de 2011 se dictó la sentencia. Cabanillas fue condenado a prisión perpetua, al ser hallado culpable de numerosos secuestros, torturas y homicidios. Martínez Ruiz y Ruffo recibieron penas de 25 años de prisión cada uno, y Guglielminetti fue condenado a 20 años.

En la sentencia, el tribunal afirmó que los delitos cometidos en Automotores Orletti constituyeron crímenes de lesa humanidad, parte de la operativa represiva y sistemática del terrorismo de Estado. Asimismo, los jueces subrayaron la dimensión transnacional de esos crímenes: quedó demostrado que el centro clandestino de Orletti funcionó como base operativa del Plan Cóndor en Argentina, es decir, como un enclave donde las fuerzas represivas argentinas –con apoyo logístico de la CIA– colaboraban con agentes de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países para perseguir, intercambiar prisioneros y eliminar opositores políticos.

Este primer juicio Orletti marcó un hito en la búsqueda de justicia, ya que por primera vez se condenó de manera ejemplar a integrantes del aparato represivo por hechos ocurridos en ese centro clandestino, sentando las bases para ulteriores procesos.

El juicio recibió testimonio oral de 83 declarantes, 42 de ellos de nacionalidad uruguaya entre el 2 de julio de 2010 y el 1 de diciembre de 2010.

Fue el juicio que probó judicialmente que la apropiación de niños no fue un hecho aislado sino una “práctica sistemática y generalizada” de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años, con supresión o alteración de su identidad, en el marco de un “plan general de aniquilación” del terrorismo de Estado (1976-1983).

En esta causa se comprobó que hubo 34 víctimas directas de los delitos juzgados en este juicio (sustracción, retención y ocultamiento de menores). No obstante, el propio tribunal aclara que "los 34 hechos en trato no agotan" el universo de apropiaciones —es decir, hubo muchas más, pero 34 fueron las que se probaron en este debate concreto—.

Condena y casación:

En primera instancia, el TOF 6 condenó a nueve personas —todas argentinas—, tanto de la cúpula militar como apropiadores concretos. Posteriormente, la Casación (Sala III, 14/05/2014) rechazó todos los recursos de las defensas e hizo lugar a los de la Fiscalía y las querellas: elevó la pena de Bignone (de 15 a 25 años) y revocó las absoluciones de Eduardo Alfredo Ruffo y Rubén Oscar Franco, condenándolos. Con esas modificaciones, los condenados en la causa pasaron a ser once. Jorge Rafael Videla, en cambio, no fue revisado en esa instancia porque había fallecido el 17 de mayo de 2013, por lo que quedó firme su condena de primera instancia.

El cuadro final de condenados fue:

• Cúpula y mandos: Jorge Rafael Videla (50 años, pena única de reclusión perpetua), Antonio Vañek (40 años), Jorge "El Tigre" Acosta (30 años), Santiago Omar Riveros (20 años), Reynaldo Bignone (25 años) y Rubén Oscar Franco (25 años; absuelto en 1ª instancia y condenado en Casación).
• Apropiadores y colaboradores: Víctor Alejandro Gallo (15 años), Juan Antonio Azic (14 años), Jorge Luis Magnacco (médico obstetra, 15 años), Inés Susana Colombo (5 años) y Eduardo Alfredo Ruffo (14 años; absuelto en 1ª instancia y condenado en Casación por la apropiación de Simón Riquelo).

Víctimas:

El capítulo vinculado a Automotores Orletti y al Plan Cóndor de esta causa concentra los casos de niños y niñas uruguayos o hijos de uruguayos apropiados. Entre los casos incluidos en las condenas figuran:

• Mariana Zaffaroni Islas — hija de María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla (ambos uruguayos, PVP). Secuestrada con 18 meses en 1976. La condena penal contra Miguel Ángel Furci, apropiador de Mariana Zaffaroni, se dictó en el juicio de Automotores Orletti, causa conexa pero distinta.
• Aníbal Simón Méndez (Simón Riquelo) — hijo de Sara Rita Méndez y Mauricio Gatti (ambos uruguayos). Figura en la sentencia con el nombre impuesto por los apropiadores; su identidad fue restituida en 2002. Bignone fue condenado por su ocultamiento (punto 14), pero Videla fue absuelto respecto de este caso por haber sido ya juzgado en la causa 13/84 (Juicio a las Juntas, caso n.º 138), y Ruffo fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda.
• María Macarena Gelman García Iruretagoyena — hija de María Claudia García Iruretagoyena (uruguaya) y Marcelo Gelman. Su madre embarazada fue llevada a Orletti y trasladada a Montevideo, donde dio a luz. Declaró como testigo.
• María Victoria Moyano Artigas — hija de Alfredo Moyano y María Asunción Artigas Nilo (uruguayos); nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield.
• Carmen Gallo Sanz (en la sentencia, “María de las Mercedes Gallo Sanz”) — hija de Eduardo Gallo Castro y Aída Sanz (uruguayos).
• Carlos D’Elía Casco — hijo de Julio D’Elía y Yolanda Casco (uruguayos), detenidos en el Pozo de Banfield.
• Paula Eva Logares Gringspón — hija de Claudio Logares y Mónica Grinspón (argentinos exiliados en Montevideo); secuestrada con su familia en Montevideo el 18/5/1978 y apropiada por el subcomisario de la Brigada de San Justo.
• Anatole y Victoria Julien Grisonas: Videla fue hallado responsable de su sustracción, retención y ocultamiento, en cambio, el tribunal absolvió a Bignone y a Franco “por no haber mediado a su respecto acusación fiscal”. Años más tarde, Automotores Orletti V (2021) condenó además a los autores materiales (Cabanillas, Ruffo, Furci y Martínez Ruiz) por esos hechos.

Represores uruguayos:

Ningún represor uruguayo fue procesado ni condenado en esta causa. Consta que, durante la instrucción, se pidió la extradición de siete represores uruguayos —José Nino Gavazzo, Ramón Díaz, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti y José Ricardo Arab— sin que fueran juzgados en este proceso.

El 22 de abril de 1985, en Argentina, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, comenzó un hito fundacional: el Juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84). Fue el primer proceso en el que un tribunal civil juzgó a los máximos responsables del terrorismo de Estado. A lo largo de 17 semanas de audiencias se analizaron 709 casos de violaciones a los derechos humanos —una muestra limitada frente a la magnitud del terror, pero suficiente para dimensionar los crímenes y acreditar el carácter sistemático del terrorismo de Estado—. El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia: cinco comandantes fueron condenados —Jorge Rafael Videla a reclusión perpetua, Emilio Massera a prisión perpetua, Roberto Viola a 17 años, Armando Lambruschini a 8 y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses— y otros cuatro resultaron absueltos. El fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con una frase que se convirtió en bandera de las luchas contra la impunidad: "Señores jueces: Nunca Más".

Este juicio no solo marcó la historia argentina; también abrió una ventana para comprender la suerte de uruguayas y uruguayos secuestrados y desaparecidos en Argentina. Puso en evidencia la coordinación represiva entre los ejércitos de ambos países: el accionar conjunto probado en el centro clandestino Automotores Orletti —que dependía del Ejército argentino y operaba junto a oficiales del Ejército uruguayo—, con operativos combinados y el traslado clandestino de detenidos a Montevideo. En ese entramado, los testimonios de sobrevivientes uruguayos fueron decisivos: permitieron comenzar a reconstruir el funcionamiento de Orletti e identificar a oficiales uruguayos —como Manuel Cordero— actuando en territorio argentino. Aquellas declaraciones describieron secuestros, torturas, traslados y desapariciones, y empezaron a mostrar que no se trataba de hechos aislados, sino de una persecución transnacional coordinada. El tribunal, por su parte, tuvo por probados —respecto de las víctimas uruguayas— la privación ilegal de la libertad, los tormentos y los homicidios cometidos con coordinación entre fuerzas de ambos países.

El juicio no se limitó a escuchar esos relatos: entre los 709 casos analizados figuraron, con número propio, víctimas uruguayas, y por varias de ellas hubo condena. Videla —comandante del Ejército, fuerza de la que dependía Orletti— fue hallado penalmente responsable de:

• los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw (casos 241 a 244), asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976;
• la privación ilegal de la libertad y los tormentos de Enrique Rodríguez Larreta Piera y Enrique Rodríguez Larreta Martínez (casos 137 y 136), padre e hijo secuestrados y torturados en Automotores Orletti.

Massera y Agosti fueron, en cambio, absueltos de esos mismos casos por corresponder a otra fuerza, y los comandantes de las juntas posteriores no fueron juzgados por estos hechos de 1976. Así, la sentencia dejó asentado que la represión sobre la comunidad uruguaya en Buenos Aires fue responsabilidad del Ejército argentino.

Entre quienes prestaron testimonio estuvo Sara Méndez, secuestrada en 1976 junto a su hijo Simón, de apenas veinte días. La sustracción del niño integró la causa como caso 138, pero los comandantes fueron absueltos de los cargos de apropiación de menores: en 1985 el tribunal entendió que ese delito no formaba parte del sistema que tuvo por probado, y la responsabilidad por esos hechos recién se establecería en juicios posteriores. Simón permaneció con su identidad apropiada durante décadas; tras una búsqueda sostenida y campañas internacionales, el reencuentro con su madre se produjo en marzo de 2002. Su historia, junto a la de tantos otros sobrevivientes del grupo de Orletti que declararon sin tener un "caso" propio en el expediente, muestra hasta qué punto la voz de las víctimas uruguayas fue parte constitutiva de esta sentencia.

Quinto juicio por los crímenes de Automotores Orletti, dedicado a delitos por los que los acusados aún no habían sido juzgados. La sentencia (veredicto del 27 de noviembre de 2020; fundamentos del 3 de marzo de 2021) condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados, todos ex agentes de la SIDE de nacionalidad argentina: Eduardo Rodolfo Cabanillas (ex segundo jefe del centro), Eduardo Alfredo Ruffo, Miguel Ángel Furci y Honorio Carlos Martínez Ruiz. En todos los casos el tribunal dictó pena única de prisión perpetua, unificando la condena de Orletti V con las que cada uno ya arrastraba de causas anteriores: la de Orletti I (2011), la del Plan Sistemático de robo de bebés (TOF 6) y la del Plan Cóndor / Orletti II (2016), según el caso.

Según la parte resolutiva, los delitos (homicidios calificados, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores) se cometieron en perjuicio de once personas de tres nacionalidades:

• Cuatro uruguayas: Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas (los niños), Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán.
• Dos cubanas: Edgardo Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, funcionarios de la embajada de Cuba secuestrados y asesinados.
• Cinco argentinas y otras: Carlos Híber Santucho (asesinado), María Rosa Clementi de Cancere, Rosa María Zlachevsky, Judith Jacubovich y Ricardo Manuel González.

El 15 de junio de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cabanillas (único que recurrió a esa instancia), dejando en pie las condenas a prisión perpetua.