La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización no gubernamental con sede en Ginebra, desempeñó un papel fundamental en la denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos y el quiebre del Estado de derecho durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973–1985). Su trabajo visibilizó los crímenes del régimen a nivel global y sentó bases jurídicas internacionales para proteger a quienes defendían a los presos políticos.

Apenas un año después del golpe de Estado, la CIJ envió una misión al país junto a Amnistía Internacional. El resultado fue un contundente Informe (1974) que desmanteló la narrativa oficial del gobierno de Juan María Bordaberry. El documento probó y denunció internacionalmente la práctica sistemática de torturas, las detenciones ilegales, las desapariciones y la grave irregularidad de someter a civiles a la justicia militar. Aunque el régimen intentó desmentir públicamente que la misión hubiera encontrado pruebas de tortura, el informe de la CIJ se convirtió en un documento irrefutable de presión diplomática durante la Guerra Fría.

La Comisión Internacional de Juristas creó, en enero de 1978, un Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (CIJA). En este informe publicado en setiembre de 1978 se informó, entre otros temas, de la situación de Uruguay en relación a la persecución y prisión política. Se listan abogados y abogadas defensores de personas presas políticas que fueron secuestrados, perseguidos o forzados al exilio. Su propósito principal es proteger la autonomía judicial y defender a los profesionales del derecho frente a persecuciones políticas. El centro se fundó en respuesta a una ola de ataques sistemáticos, detenciones y desapariciones de juristas ocurridas durante las dictaduras militares en América Latina en la década de 1970. Con el tiempo, su mandato se expandió a escala global para abarcar zonas en crisis institucional o bajo regímenes autoritarios.

A partir de una reorganización posterior, el Centro se reintegró completamente en la estructura central de la CIJ, dejando de operar como un organismo separado con sus propias publicaciones independientes.