La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización no gubernamental con sede en Ginebra, desempeñó un papel fundamental en la denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos y el quiebre del Estado de derecho durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973–1985). Su trabajo visibilizó los crímenes del régimen a nivel global y sentó bases jurídicas internacionales para proteger a quienes defendían a los presos políticos.

Apenas un año después del golpe de Estado, la CIJ envió una misión al país junto a Amnistía Internacional. El resultado fue un contundente Informe (1974) que desmanteló la narrativa oficial del gobierno de Juan María Bordaberry. El documento probó y denunció internacionalmente la práctica sistemática de torturas, las detenciones ilegales, las desapariciones y la grave irregularidad de someter a civiles a la justicia militar. Aunque el régimen intentó desmentir públicamente que la misión hubiera encontrado pruebas de tortura, el informe de la CIJ se convirtió en un documento irrefutable de presión diplomática durante la Guerra Fría.