Tras la dictadura cívico-militar (1973–1985), la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848, de 1986) bloqueó durante décadas el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, y fue ratificada por la ciudadanía en dos consultas (1989 y 2009). En febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Gelman vs. Uruguay, obligó al Estado a remover los obstáculos para investigar. En ese marco, la Suprema Corte de Justicia advirtió públicamente sobre la posible prescripción de los delitos al cumplirse, el 1º de noviembre de 2011, el plazo máximo contado desde el retorno democrático. Esa urgencia —antes de saberse que el 27 de noviembre se aprobaría la Ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva— motivó la convocatoria a denunciar.
Las denuncias
Un grupo heterogéneo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes y sin vínculo con las organizaciones tradicionales de víctimas, convocó por correo electrónico, redes sociales y un blog (denunciaportodos.blogspot.com) a presentar denuncias en comisarías barriales. La novedad central fue que cualquier persona podía denunciar, aunque no fuera víctima directa: bajo el lema “Yo me hago cargo”, cada ciudadano asumía como propia la denuncia de un crimen. El punto de encuentro fue el local de la FEUU; los casos se basaban en la investigación histórica dirigida por Álvaro Rico (FHCE-Udelar) y en testimonios personales espontáneos. El sábado 15 de octubre se radicaron alrededor de 130 denuncias en 16 comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas; los delitos más denunciados fueron homicidio, privación ilegítima de libertad y tortura. Entre los casos emblemáticos figuró el del docente y militante Fernando Miranda, y los de los estudiantes Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Walter Medina. En San José, un juez ordenó no recibir las denuncias. El sábado 29 de octubre se realizó una segunda jornada, centrada en ayudar a las propias víctimas a armar sus denuncias y en el seguimiento de las causas. Las jornadas se inscribieron en un octubre intenso: el 21 se hallaron los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14; el 28, 28 ex presas políticas denunciaron por primera vez la violencia sexual como delito de lesa humanidad; y el 31 unas 90 personas denunciaron las torturas de la “Operación Morgan”. En conjunto, las acciones llevaron a la justicia cerca de 180 casos antes no denunciados.
Efectos
Más allá de los efectos judiciales concretos de cada denuncia, la iniciativa desplazó el foco histórico de los reclamos de derechos humanos en Uruguay: frente a una agenda centrada en los desaparecidos, visibilizó la masividad de la tortura y la prisión política. Introdujo un repertorio nuevo —denuncia ciudadana, descentralizada, protagonizada por nuevas generaciones y por personas no necesariamente víctimas— que interpeló la “cultura de la impunidad” y tensionó los discursos hegemónicos sobre la memoria.
La respuesta judicial fue lenta: las denuncias quedaron retenidas en el Departamento de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior sin pasar a juez, lo que llevó al colectivo a reclamar a la Suprema Corte. El 27 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado y declaró imprescriptibles estos delitos; en 2013, sin embargo, la Suprema Corte declaró inconstitucionales algunos de sus artículos, reabriendo la discusión caso a caso. La mayoría de las denuncias terminó archivada, pero algunas derivaron en avances significativos, y el seguimiento se articuló luego con el Observatorio Luz Ibarburu. La experiencia quedó documentada en el artículo académico de Jimena Alonso y Mariana Risso (2015).
Algunas de estas denuncias, con su estado actual, se pueden consultar en la sección de Causas judiciales.
