Informe internacional

El documento fue elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), por el mandato otorgado en la XIX Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH).  Su objeto fue dar forma consensuada a pautas y principios que promuevan el desarrollo de políticas públicas de memoria histórica.

Informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura cívico militar uruguaya. Se publicó el 1 de noviembre de 1983 con posterioridad a una visita de esta organización a Uruguay en la que se entrevistaron con las autoridades de la época y recopilaron información sobre torturas, desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.

Declaración sobre torturas en distintos Cuarteles y Batallones del Ejército en los que el denunciante participó o fue testigo directo. En su testimonio identifica tanto los lugares, los responsables y los métodos aplicados sobre los detenidos.

El documento publicado en inglés por Amnistía Internacional, es un informe que analiza la situación política y las violaciones a los derechos humanos en Uruguay durante la dictadura. El texto describe la situación de presos y presas políticas en varios lugares de detención y denuncia las condiciones de represión y tortura.

El informe destaca la falta de independencia entre los poderes del Estado durante la dictadura lo que se agravó por la aprobación de normas como el "acto Institucional Nº 8" (1977), que junto a un decreto ley del mismo año, redujeron la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Todos los civiles acusados de delitos políticos y sindicales son juzgados por tribunales militares.

Informe de Aministía Internacional de 1979, que plantea la situación de violaciones a los derechos humanos de personas presas por motivos políticos durante esos años de dictadura y los años previos de deterioro democrático.

"Los eventos políticos en Uruguay desde 1968 y, en particular, desde 1973, han provocado importantes cambios en el sistema legal del país. Estos cambios afectan la Constitución uruguaya de 1967, la base teórica y la implementación práctica de las leyes relacionadas con el encarcelamiento político, así como el rol y funcionamiento del poder judicial".

El informe se centra en la vulneración de los marcos legales y constitucionales, así como en la violación de la normativa internacional de derechos humanos ratificada por el país.  El texto profundiza en el análisis del funcionamiento de la justicia militar como parte de una lógica represiva que no cuenta con ninguna garantía del proceso.

"El procedimiento de la justicia militar se divide en cuatro etapas ante tres tribunales diferentes: el presumario y sumario ante el juez de instrucción; el plenario ante el juez de primera instancia; y la segunda instancia ante el Supremo Tribunal Militar. Además, el gran número de arrestos ha hecho que una disposición excepcional en la ley militar se convierta en práctica común: la comparecencia ante un juez sumariante como la primera etapa de la investigación".

La comisión internacional de juristas que visitó Uruguay en 1974 planteó a los mandos militares la preocupación por las denuncias de torturas, detenciones ilegales y desapariciones. En el informe se destaca que la respuesta obtenida fue:

"Las autoridades informaron a la Comisión Internacional de Juristas y a la delegación de Amnistía Internacional en 1974 que se habían emitido instrucciones estrictas a todas las unidades prohibiendo cualquier forma de maltrato y que, en general, estas instrucciones se habían cumplido. En unos pocos casos donde se había producido maltrato, los culpables habían sido severamente castigados. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre las instrucciones o el castigo, a pesar de la solicitud de los delegados. Los magistrados militares dijeron que habían recibido cientos de denuncias, pero no encontraron un solo caso probado".

Informe de Amnistía Internacional que hace un extenso relevamiento de los centros de detención militares y policiales existentes en el año 1979 en Uruguay. Da cuenta de la tortura aplicada a presos y presas, la falta de garantías penales y la falta de sentencia de al menos el 72% de las personas recluídas.

Informe de Amnistía Internacional publicado en 1978 originalmente en inglés. En el mismo se presenta el caso de 17 vìctimas de asesinato bajo tortura y desaparición forzada

"Al menos 22 personas se sabe que murieron bajo tortura en Uruguay entre 1972 y 1975, pero a pesar de la consiguiente indignación internacional, la tortura de presos políticos continúa sin cesar. Las autoridades han ignorado o rechazado todas las apelaciones para crear una comisión independiente de investigación sobre las graves denuncias y pruebas del uso generalizado de la tortura.

Se presentan aquí 12 casos de personas que murieron bajo tortura y 5 casos de personas que han "desaparecido" tras su arresto o secuestro en los últimos dos años. Las víctimas de tortura son representativas de otras que han sufrido el mismo destino, pero sobre las cuales hay poca información".

La Comisión Internacional de Juristas creó, en enero de 1978, en su sede de Ginebra, un Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (CIJA). En este informe publicado en setiembre de 1978 se informó, entre otros temas, de la situación de Uruguay en relación a la persecución y prisión política. Se listan abogados y abogadas defensores de personas presas políticas que fueron secuestrados, perseguidos o forzados al exilio.

El documento de Amnistía Internacional recoge una serie de declaraciones hechas por víctimas de torturas en Uruguay ante un notario público en la ciudad de México. Las víctimas mencionan las torturas a las que fueron sometidos y sus detenciones en diferentes batallones y dependencias policiales.

Informe de Amnistía Internacional referido a 22 casos conocidos de muertes por tortura en Uruguay hasta noviembre del 1975.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) realizó una visita a Uruguay entre abril y mayo de 1974 y realizó un informe sobre la situación de las personas presas políticas así como del funcionamiento de la justicia militar y civil. En dicho informe se da cuenta de irregularidades, falta de garantías de los procesos judiciales y de la práctica de torturas.