Informe internacional

El documento fue elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), por el mandato otorgado en la XIX Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH).  Su objeto fue dar forma consensuada a pautas y principios que promuevan el desarrollo de políticas públicas de memoria histórica.

Informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura cívico militar uruguaya. Se publicó el 1 de noviembre de 1983 con posterioridad a una visita de esta organización a Uruguay en la que se entrevistaron con las autoridades de la época y recopilaron información sobre torturas, desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.

Informe de Amnistía Internacional que hace un extenso relevamiento de los centros de detención militares y policiales existentes en el año 1979 en Uruguay. Da cuenta de la tortura aplicada a presos y presas, la falta de garantías penales y la falta de sentencia de al menos el 72% de las personas recluídas.

El documento de Amnistía Internacional recoge una serie de declaraciones hechas por víctimas de torturas en Uruguay ante un notario público en la ciudad de México. Las víctimas mencionan las torturas a las que fueron sometidos y sus detenciones en diferentes batallones y dependencias policiales.

La Comisión Internacional de Juristas creó, en enero de 1978, en su sede de Ginebra, un Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (CIJA). En este informe publicado en setiembre de 1978 se informó, entre otros temas, de la situación de Uruguay en relación a la persecución y prisión política. Se listan abogados y abogadas defensores de personas presas políticas que fueron secuestrados, perseguidos o forzados al exilio.

Informe de Amnistía Internacional referido a 22 casos conocidos de muertes por tortura en Uruguay hasta noviembre del 1975.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) realizó una visita a Uruguay entre abril y mayo de 1974 y realizó un informe sobre la situación de las personas presas políticas así como del funcionamiento de la justicia militar y civil. En dicho informe se da cuenta de irregularidades, falta de garantías de los procesos judiciales y de la práctica de torturas.

 

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