El documento fiscal analiza la denuncia presentada en 2024 por familiares de víctimas de los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972 en Montevideo, particularmente en operativos en las calles Pérez Gomar y Amazonas.
La investigación surge ante la ausencia histórica de indagatorias efectivas y cuestiona la versión oficial de la época, que sostenía que las muertes se produjeron en enfrentamientos armados.
La Fiscalía demostró que no existió una investigación exhaustiva por parte del Estado, ni en la justicia ordinaria ni en la militar. Asimismo, identifica como la narrativa oficial difundida por las Fuerzas Conjuntas fue aceptada sin contrastación suficiente durante décadas, pese a los cuestionamientos de los familiares.
El documento delimita su competencia en el marco de los crímenes de lesa humanidad y sostiene que los operativos constituyen tales crímenes, al tratarse de homicidios perpetrados por agentes estatales en un contexto de represión sistemática. En este sentido, se mencionan responsabilidades vinculadas a estructuras estatales y parapoliciales, incluyendo la actuación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), efectivos del Batallón de Infantería N.º 1 y personas vinculadas a los aparatos represivos y a sus actuaciones parapoliciales en el “Escuadrón de la Muerte”. Entre los nombres que surgen de la investigación, ya sea por su rol institucional, testimonios o antecedentes documentales, se encuentran los represores Víctor Castiglioni, Jorge Nader, Nelson Bardesio, Pedro Freitas y otros agentes policiales y militares.
La fiscalía informa que el fallecimiento de varios de los responsables directos de los hechos es un obstáculo jurídico para realizar imputaciones penales. Esto, sumada al tiempo transcurrido y a la pérdida de evidencia, limita la posibilidad de tramitación judicial, aunque no exime al Estado de su deber de investigar, esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares.
La investigación fiscal concluyó que las muertes fueron violentas, intencionales y en muchos casos compatibles con ejecuciones, lo que demuestra que no existieron enfrentamientos, como sostuvieron los comunicados oficiales de la época, sino operativos represivos con uso letal de la fuerza.
