A partir de denuncias formuladas por la Senadora Alba Roballo en la sesión del 30/10/1969, se votó en la sesión del 10/12/1969 la creación de una comisión investigadora sobre torturas en el marco de la aplicación de las medidas prontas de seguridad. Dicha comisión presentó sus conclusiones en la sesión del 10 de junio de 1970. Dentro de estas conclusiones, aprobadas por todos los miembros de esa comisión, se manifestaba en su primer punto "Está probado, que el sistema de aplicación de trato inhumano y torturas a los detenidos por la Policía de Montevideo es un hecho habitual y se ha convertido en un sistema frecuente, casi normal."
El tema continuó tratándose en la sesión del 16 de junio de 1970 (en la que se presentaron sus conclusiones y varias resoluciones adicionales) y algunas sesiones inmediatamente posteriores.
Luego de estar varios meses en el orden del día de las sesiones del senado sin llegar a tratarse, el 6/10/1970 se aprobaron las conclusiones de la comisión pero no obstante, en esa sesión no se aprobaron los siguientes puntos de las recomendaciones de la comisión investigadora, dentro de los que estaba el pasaje de las actuaciones a la justicia.
Refiriéndose a las actuaciones de esta comisión, el senador Vasconcellos afirmó en la sesión de Cámara de Senadores del 10/5/1972 que los resultados de la misma habían sido enviados a la Suprema Corte de Justicia la cual remitió un proyecto de ley sobre policía fiscal, la cual al juicio del senador 'no servía para nada'. Asimismo, los resultados fueron enviados al Poder Ejecutivo, el cual Vasconcellos afirmó que 'hizo caso omiso' de las actuaciones.
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