Esta causa judicial refiere al secuestro calificado (figura con la que la justicia chilena tipifica la desaparición forzada) de dos ciudadanos uruguayos detenidos a fines de 1973 y llevados al campamento de prisioneros del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, en San Antonio —uno de los primeros centros de exterminio de la dictadura chilena, bajo el mando de Manuel Contreras, luego jefe de la DINA—. Es un caso de víctimas uruguayas en Chile, en el marco de la coordinación represiva del Cono Sur.
Las víctimas fueron Nelsa Zulema Gadea Galán — ciudadana uruguaya, 29 años, detenida y trasladada a Tejas Verdes; desaparecida y Julio César Fernández Fernández — ciudadano uruguayo, 24 años, detenido en Tejas Verdes; desaparecido.
La sentencia recoge además testimonios sobre la presencia de otros detenidos de nacionalidad uruguaya en Tejas Verdes, pero la condena se refiere a estos dos casos.
Recorrido judicial y condenas
Los responsables son represores chilenos (DINA y Ejército):
- 1.ª instancia (25/07/2012): condenó a Manuel Contreras Sepúlveda y David Miranda Monardes a 10 años y 1 día como autores, y a otros seis (Valdés Cornejo, Orvieto Tiplizky, Romero Hernández, Quintana Salazar, Escobedo Azúa y Acuña Acuña) a 6 años; absolvió a varios acusados.
- Corte de Apelaciones (27/11/2014): revocó absoluciones y condenó a más represores (Núñez Magallanes, Soto Jerez, Kosiel Hornig, Carriel Espinoza, Cerda Vargas y Vargas Contreras) como coautores, y elevó las penas a 10 años y 1 día (absolvió, en cambio, a Romero Hernández).
- Corte Suprema (07/09/2015): aplicó la "media prescripción" (art. 103 del Código Penal) y redujo todas las penas a 5 años de presidio menor en su grado máximo, concediendo a todos los condenados el beneficio de la libertad vigilada. Confirmó las condenas por el secuestro calificado de Nelsa Gadea y Julio César Fernández. Manuel Contreras había fallecido semanas antes (agosto de 2015). La condena a Gladys Calderón Carreño se adoptó con voto en contra de dos ministros que preferían absolverla.
En suma, aunque se acreditó el secuestro calificado de los dos uruguayos y se condenó a una docena de represores, la Corte Suprema terminó imponiendo penas bajas (5 años) con libertad vigilada, por aplicación de la media prescripción.