El represor fue procesado por la desaparición del ciudadano argentino Oscar de Gregorio y su participación en el secuestro y torturas de varias personas vinculadas al grupo Montoneros de Argentina y a los Grupos de Acciòn Unificadora de Uruguay. También fue procesado el secuestro y desaparición forzada del obrero portuario Julio Correa y en la causa colectiva que denunció abusos sexuales sobre presas políticas.
Esta causa judicial refiere a la desaparición de ciudadanos argentinos vinculados a Montoneros. Dentro de los delitos denunciados se encuentran la derención y posterior desaparición del ciudadano argentino Oscar De Gregorio, así como el secuestro y tortura de otras personas de esa nacionalidad que residían en Uruguay y también de ciudadanos uruguayos pertenecientes a los Grupos de Acción Unificadora (GAU).
Por estos delitos fueron procesados el 26 de septiembre de 2022 los represores Omar Raúl Lacasa Antelo y Felipe Sande Lima, imputándoles los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados, en calidad de autores.
El 28 de octubre de 2011, 28 ex presas políticas presentaron una denuncia colectiva por torturas y violencia sexual durante la dictadura. La denuncia penal menciona a más de 100 agresores, la mayoría militares aunque también hay médicos, psicólogos y policías.
En el marco de esta causa, se procesó en el año 2015 a Héctor Amodio Pérez. Dicho procesamiento fue revocado al año siguiente.
Por esta causa, también fue procesado, en el año 2016, a Asencio Lucero aunque la imputación fue por delitos de privación de libertad y no por abuso sexual. Lucero murió ese mismo año en el Hospital Militar.
La causa se comenzó a reactivar a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en delitos de lesa humanidad, en el año 2018.
Exceptuando los dos procesamientos, uno de los cuales fue revocado, la causa no habia tenido prácticamente avances significativos en sus casi 10 años en la justicia. Eso motivo que el pasado 18 de marzo de 2021 se realizó la presentación de la falta de acceso a la justicia en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 19 de marzo de 2021 se procesó con prisión a los represores Antranig Ohannessian y Jorge Silveira (este ya en prisión con anteriores condenas por delitos de lesa humanidad) por múltiples delitos de privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor. La condena a estos dos represores fue emitida el 22 de marzo de 2022, decretándose la pena de ocho años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida a Ohannessian y doce años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida a Silveira.
