Esta publicación constituye una denuncia documentada sobre la persistencia de la represión política durante la etapa final de la dictadura cívico-militar. Fue publicado por Amnistía Internacional en octubre de 1983 e incorpora el memorando enviado al dictador Gregorio Álvarez después de la misión del jurista Heleno Cláudio Fragoso y el investigador Sebastian Brett, realizaron en Montevideo entre el 5 y el 12 de abril de ese año.
El documento combina una reconstrucción del proceso de deterioro institucional con el análisis de prácticas concretas de violencia estatal. Describe cómo la disolución del Parlamento, la proscripción de organizaciones políticas y sindicales, los actos institucionales y la subordinación del Poder Judicial desmantelaron las garantías previstas en la Constitución de 1967. Presta especial atención al empleo de las medidas prontas de seguridad y de la jurisdicción militar para detener, procesar y condenar a civiles.
El informe refiere a que uno de los integrantes de la misión de Amnistía Internacional mantuvo una entrevista con el canciller de la dictadura en ese período, Dr. Carlos Maeso, en la que se le planteó preocupaciones sobre la existencia de presos de conciencia, las irregularidades en los procedimientos de detención, la ausencia de garantías jurídicas, las desapariciones y las condiciones de reclusión en las cárceles militares. La delegación presentó especialmente los casos de Omar Antonio Paita Cardozo, Miguel Ángel Mato Fagiani y Félix Ortiz Piazzoli, desaparecidos luego de sus presuntas detenciones. Maeso manifestó no disponer de información y se comprometió a realizar averiguaciones. También recibió un expediente con solicitudes de liberación de personas gravemente enfermas, presos de conciencia y detenidos que ya habían cumplido sus condenas. Sdin embargo, Amnistía Internacional afirmó que no obtuvo posteriormente respuestas oficiales sobre estas gestiones ni información acerca del destino de las personas desaparecidas
Uno de sus principales aportes es demostrar que las violaciones no pertenecían únicamente a los primeros años de la dictadura, sino que continuaban en 1983. Amnistía Internacional documento detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada, desapariciones, torturas, violencia sexual, muertes bajo custodia y encarcelamiento por actividades políticas o sindicales pacíficas. También examina la situación de los presos políticos, las condiciones de reclusión en los penales de Libertad y Punta de Rieles, las restricciones al derecho de defensa y la permanencia en prisión de personas que ya habían cumplido sus condenas.
El informe adquiere especial relevancia por haber sido elaborado y difundido mientras la dictadura continuaba ejerciendo la represión y procuraba controlar el proceso de apertura política. La falta de respuesta gubernamental, el ataque público contra Amnistía Internacional y la posterior ilegalización del Servicio Paz y Justicia muestran, además, los riesgos enfrentados por quienes denunciaban estas prácticas.
Sus recomendaciones fueron: liberar a los presos de conciencia, esclarecer las desapariciones, investigar la tortura, restablecer garantías judiciales y adecuar el sistema penal a las normas internacionales. Esta denuncia conformaba una impugnación integral del aparato represivo.
