Recursos parlamentarios y judiciales

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina publicó la actualización del Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina. El documento contiene un resumen y descripción de las 266 sentencias de crimenes de lesa humanidad dictadas entre 2006 y 2021.

Sentencia de la Corte de Roma sobre el Plan Cóndor, que imputó crímenes de lesa humanidad a represores de Uruguay y la región. La víctimas fueron personas detenidas desaparecidas con ciudadania italiana. El 8 de julio de 2019, luego de dos décadas de proceso judicial, se condenó a cadena perpetua a 12 represores uruguayos.

La ley ordena la competencia de la INDDHH en la búsqueda de detenidos - desparecidos del período 1968 -1985, se transfiere así por ley una tarea que desde 2005 había asumido, con distintas secretarías, grupos y comisiones, el Poder Ejecutivo.

Ley aprobada el 14 de agosto de 2018 por el Parlamento de Uruguay para el reconocimiento y protección de los Sitios de Memoria y la reparación simbólica.

Esa ley faculta a la Fiscalía General de la nación a transformar una fiscalía letrada en fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, con la competencia de abordar todas las causas penales vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período 1968 -1985.

Sentencia del juicio oral y público del Plan Cóndor realizado en la República Argentina (2013 -2016). Se enjuiciaron a 18 acusados por su intervención en crímenes de lesa humanidad y se investigaron los casos de 174 víctimas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

El proceso se desarrolló en dos causas, una correspondiente a la operación Cóndor y otra por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, iniciada en 2004.  

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia que plantea la excepción de inconstitucionalidad de 3 artículos de la ley Nº 15.898 (ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado). Refiere a la denuncia de muerte por torturas de la militante comunista  Nibia Sabalsagaray el 29 de junio de 1974, en el Batallón de Ingenieros No. 5, Cuartel Ingenieros No. 5, Batallón de Transmisiones No. 1 (conocido como Infierno Peñarol).

Ley aprobada en setiembre de 2009 por el Parlamento Nacional donde se reconoce la actuación ilegítima del Estado y se plantean políticas de reparación

Librillo que recopila escritos del proceso judicial que culmina en la Sentencia Nº 365 de la Suprema Corte de Justicia del 19 de octubre de 2009, en el que se determina la excepción de inconstitucionalidad de los Arts. 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 del 22 de diciembre de 1986, conocida como ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (ley de impunidad). Ese caso refiere a la muerte por torturas de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray el 29 de junio de 1974, en el Batallón de Ingenieros No. 5, Cuartel Ingenieros No. 5, Batallón de Transmisiones No. 1 (conocido como Infierno Peñarol).

Publicado por el Ministerio de Educación y Cultura y el IMPO

En este librillo se publica el recurso de excepción de inconstitucionalidad respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 interpuesto por la fiscal letrada nacional en lo penal de 2do turno, Dra. Mirtha Guianze. El caso específico por el que se presenta refiere a la denuncia presentada por Blanca Stella Maris Sabalsagaray, para esclarecer la muerte de su hermana, Nibia Sabalsagaray, ocurrida el 29 de julio dela ño 1974 en un predio militar luego de su detención por militares.

El documento discute la versión oficial de que Nibia se habría suicidado y es una detallada exposición legal y argumentativa que busca declarar inconstitucionales  artículos de la ley de Caducidad que amparó la impunidad de funcionarios militares y policiales al impedir que sean investigados por la justicia  por delitos graves cometidos durante la dictadura.

La fiscal Guianze argumenta la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 15.848, destacando que implicaron una restricción de la función judicial a consecuencia de la indebida presión sobre el Parlamento que llevó a la sanción de la norma.

En esta ley  modifica el artículo 2º del Código Penal, adecuándolo al deber del Estado uruguayo de juzgar los crímenes que se han tipificado como delito según en conformidad con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Comisión para la Paz fue creada  por Resolución de la Presidencia de la República el 9 de agosto de 2000 con el objetivo de "dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones”.

Estuvo integrada por: Monseñor Nicolás Cotugno, Presbítero Luis Pérez Aguirre,  José D ́Elìa,  José Claudio Williman y   Gonzalo Fernández y Carlos Ramela Regules,  Ante el fallecimiento de Luis Pérez Aguirre en el año 2001. fue designado para reemplazarlo al Presbítero Jorge Osorio. Al cierre de sus tareas realizó un informe público

En las sesiones de la Cámara de Senadores de los días 2 y 3 de julio de 1985, el Senador José Germán Araújo del Frente Amplio, expone sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la recientemente finalizada dictadura civico militar.

Diario de sesiones Cámara de Senadores

En abril de 1985, dos meses de reinstalado el funcionamiento parlamentario luego de la dictadura, la Cámara de Representantes crea la “Comisión Investigadora sobre la situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron”, la que se integró para investigar las denuncias presentadas sobre 164 personas detenidas desaparecidas entre 1973 y 1978  (156 adultos y ocho niños).

Esa comisión expidió las conclusiones en noviembre de 1985, produciendo una copiosa documentación compuesta de 37 actas públicas de sus reuniones y una de carácter secreta, así como de un importante volumen documental, todo lo cual constituyó la Carpeta 24/1985.

Al finalizar la actividad de la comisión, esas 38 actas fueron compiladas en 3 libros, y toda la documentación aportada por las personas citadas asistir, así como numerosas organizaciones nacionales y extranjeras, se compilaron en 5 libros titulados “de antecedentes”, así como una carpeta adicional con documentos varios.

En esta colección se presentan las 38 actas, los diarios de las sesiones relativos a la comisión y el informe final.

En el marco de esta comisión investigadora, también se compilaron 5 tomos de anexos documentales (llamados "de antecedentes") y una carpeta, también conteniendo documentos relacionados con el objeto de la comisión. Estos materiales están siendo digitalizados por el Palacio Legislativo.

La sesión que se extendió entre el 26 y 27 de junio de 1973 fue la última previa al golpe de Estado. En esta sesión se trató además de la inminencia del golpe y la disolución de las cámaras legislativas, la creación de una comisión investigadora sobre denuncias de crímenes en unidades militares.