El sábado 19 de abril de 1986, El País publicó en sus páginas 10, 11, 12 y 20, bajo en la sección “El Duende de la Trastienda”, a cargo del periodista Daniel Herrera Lussich, la transcripción de las sesiones secretas del 7 y 8 de abril de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes sobre el secuestro y asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Creada en abril de 1985, la Comisión había recibido el testimonio de una enfermera, identificada en la nota como H. T.
Ella declaró que a fines de mayo de 1976 un oficial del Ejército, al que la publicación llama “Z”, le confesó haber matado a Michelini y haber cobrado por hacerlo. La prensa identificó luego a ese oficial como el capitán Pedro Mato. El 8 de abril la Comisión hizo un careo con un segundo testigo, J. D. S., que negó haber escuchado la confesión. Por unanimidad, la Comisión resolvió enviar los testimonios, con carácter reservado, a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Ejecutivo. Ese mismo día, el diputado Edison Rijo advirtió en la sesión que ya circulaban versiones de prensa sobre lo actuado el día anterior.
El diario El País reconoció que las actuaciones estaban “rodeadas de absoluta reserva”. Aun así, publicó los textos casi completos. Sustituyó los nombres por iniciales, pero dejó datos que permitían identificar y exponer a las testigos: lugares de trabajo, barrios y atentados sufridos. También incluyó los pasajes en que se ponía en duda la salud mental de la enfermera. Para justificar la publicación invocó declaraciones previas del ministro de Defensa, Juan V. Chiarino.
Las actas fueron remitidas por el Ministerio de Defensa a la jurisdicción militar. El Ministro argumentó que por una resolución interna del Poder Ejecutivo de abril de 1985, todo caso con militares presuntamente involucrados debía ir a la Justicia Militar.
La testigo principal (Haydeé Trías) recibió tres citaciones de la Justicia Militar, que IELSUR y SERPAJ denunciaron como intimidatorias.
Según testimonios posteriores, otros testigos fueron amenazados o agredidos.
La Comisión presentó una denuncia penal por violación del secreto. Herrera Lussich se amparó en el secreto profesional, y nunca se identificó a quien entregó los documentos.
Consecuencias de la filtración:
La investigación quedó sin garantías. En la sesión del 13 de octubre de 1987, el diputado Yamandú Fau sostuvo que quienes entregaron las actas no querían el esclarecimiento y que, desde entonces, ningún testigo podía confiar en la reserva: “Habían triunfado quienes no querían el esclarecimiento de estos hechos”. La Comisión cerró sin identificar a los autores materiales. Entre tanto, en diciembre de 1986, se aprobó la Ley de Caducidad.
La filtración causó un serio perjuicio al trabajo de la comisión investigadora, lo que sumado a la votación de la ley de caducidad, bloqueó durante décadas la línea de investigación que apuntaba a los autores materiales uruguayos de los crímenes. En 2020, el juez federal argentino Daniel Rafecas pidió las actas para la causa Bacacay. En 2021, las familias denunciaron ante la Fiscalía de Lesa Humanidad la búsqueda de los ejecutores, y el fiscal Ricardo Perciballe trabajó con esas versiones taquigráficas. Pedro Mato Narbondo nunca respondió ante la justicia uruguaya por estos crímenes. Prófugo desde 2013, fue condenado en Italia en 2019 a cadena perpetua por la muerte de cuatro ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. El 21 de octubre de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil homologó esa sentencia para que cumpla en ese país una pena de 30 años de cárcel, donde es ciudadano.
