En esta causa, que denuncia múltiples delitos cometidos en Argentina y Uruguay entre los que se cuentan secuestro, torturas, sustracción de menores, etc. tuvo un inicio en 1984. Fue archivada en la década del 80 y desarchivada en la década del 2000. En esta causa, fue procesado el médico militar Ramón Rodríguez de Armas, por coautoría en las torturas infringidas a secuestrados por el terrorismo de Estado. Asimismo, otros testimonios lo identificaron que como médico ginecólogo realizó controles de embarazo a María Claudia García Iruretagoyena de Gelmán.
El 2 de mayo de 2025 se condena a José Arab, Jorge Silveira Quesada, Ricardo Medina Blanco y Ernesto Soca Prado por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar en coordinación con autoridades argentinas, en el marco del Plan Cóndor. Se estableció que participaron activamente en la detención ilegal, tortura y traslado clandestino desde Argentina a Uruguay de varios ciudadanos, la mayoría de ellos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y otros movimientos de izquierda. Las víctimas fueron secuestradas inicialmente en el centro clandestino conocido como "Automotoras Orletti" en Buenos Aires, sometidas a tormentos y luego trasladadas en avión de manera ilegal y clandestina a centros en Montevideo ("Punta Gorda" y "Bulevar Artigas y Palmar"). Allí continuaron las torturas y se realizaron operativos para justificar públicamente sus detenciones. Se destaca el caso de Sara Méndez, cuyo hijo Simón, recién nacido, fue sustraído y entregado a terceros, pudiendo recuperar su identidad varios años después. Se determinó plenamente probado el involucramiento de los acusados en delitos de privación de libertad, abuso de autoridad, lesiones graves y torturas, imponiéndoles penas de prisión que van desde 6 hasta 12 años según cada caso específico.
