El 22 de abril de 1985, en Argentina, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, comenzó un hito fundacional: el Juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84). Fue el primer proceso en el que un tribunal civil juzgó a los máximos responsables del terrorismo de Estado. A lo largo de 17 semanas de audiencias se analizaron 709 casos de violaciones a los derechos humanos —una muestra limitada frente a la magnitud del terror, pero suficiente para dimensionar los crímenes y acreditar el carácter sistemático del terrorismo de Estado—. El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia: cinco comandantes fueron condenados —Jorge Rafael Videla a reclusión perpetua, Emilio Massera a prisión perpetua, Roberto Viola a 17 años, Armando Lambruschini a 8 y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses— y otros cuatro resultaron absueltos. El fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con una frase que se convirtió en bandera de las luchas contra la impunidad: "Señores jueces: Nunca Más".
Este juicio no solo marcó la historia argentina; también abrió una ventana para comprender la suerte de uruguayas y uruguayos secuestrados y desaparecidos en Argentina. Puso en evidencia la coordinación represiva entre los ejércitos de ambos países: el accionar conjunto probado en el centro clandestino Automotores Orletti —que dependía del Ejército argentino y operaba junto a oficiales del Ejército uruguayo—, con operativos combinados y el traslado clandestino de detenidos a Montevideo. En ese entramado, los testimonios de sobrevivientes uruguayos fueron decisivos: permitieron comenzar a reconstruir el funcionamiento de Orletti e identificar a oficiales uruguayos —como Manuel Cordero— actuando en territorio argentino. Aquellas declaraciones describieron secuestros, torturas, traslados y desapariciones, y empezaron a mostrar que no se trataba de hechos aislados, sino de una persecución transnacional coordinada. El tribunal, por su parte, tuvo por probados —respecto de las víctimas uruguayas— la privación ilegal de la libertad, los tormentos y los homicidios cometidos con coordinación entre fuerzas de ambos países.
El juicio no se limitó a escuchar esos relatos: entre los 709 casos analizados figuraron, con número propio, víctimas uruguayas, y por varias de ellas hubo condena. Videla —comandante del Ejército, fuerza de la que dependía Orletti— fue hallado penalmente responsable de:
- los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw (casos 241 a 244), asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976;
- la privación ilegal de la libertad y los tormentos de Enrique Rodríguez Larreta Piera y Enrique Rodríguez Larreta Martínez (casos 137 y 136), padre e hijo secuestrados y torturados en Automotores Orletti.
Massera y Agosti fueron, en cambio, absueltos de esos mismos casos por corresponder a otra fuerza, y los comandantes de las juntas posteriores no fueron juzgados por estos hechos de 1976. Así, la sentencia dejó asentado que la represión sobre la comunidad uruguaya en Buenos Aires fue responsabilidad del Ejército argentino.
Entre quienes prestaron testimonio estuvo Sara Méndez, secuestrada en 1976 junto a su hijo Simón, de apenas veinte días. La sustracción del niño integró la causa como caso 138, pero los comandantes fueron absueltos de los cargos de apropiación de menores: en 1985 el tribunal entendió que ese delito no formaba parte del sistema que tuvo por probado, y la responsabilidad por esos hechos recién se establecería en juicios posteriores. Simón permaneció con su identidad apropiada durante décadas; tras una búsqueda sostenida y campañas internacionales, el reencuentro con su madre se produjo en marzo de 2002. Su historia, junto a la de tantos otros sobrevivientes del grupo de Orletti que declararon sin tener un "caso" propio en el expediente, muestra hasta qué punto la voz de las víctimas uruguayas fue parte constitutiva de esta sentencia.
