Esta causa judicial se inició a partir de una denuncia colectiva presentada el 21 de diciembre del año 2010 e investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de 1970 (principalmente entre 1972 y 1976) en la Base Aérea "Capitán Juan Manuel Boiso Lanza". Basándose en el testimonio de 33 víctimas (en su mayoría militantes del MLN y del Partido Comunista), el fallo documenta cómo hombres y mujeres fueron secuestrados y trasladados a este centro clandestino de detención, frecuentemente alojados en un sector conocido como "La Perrera". Allí sufrieron brutales sesiones de tortura para extraerles información, incluyendo: "plantones" por días sin comida ni agua, "submarino" seco y húmedo (incluso en inodoros con excremento), picana eléctrica, "caballete", asfixia simulando cabinas de vuelo, colgamientos, simulacros de fusilamiento, azuzamiento con perros y graves formas de violencia sexual y violación.
La denuncia menciona como los responsables de los delitos, a los militares Luis N. Fasal, Walter Alcides Pintos Alvariza, Enrique Ribero Ugartemendia, Ramón Bernardo Rodríguez Lopez, Juan Antonio Rodríguez Goñi, Roberto Cáceres, Gustavo Carlos Urban Saavedra y Roberto Freddy Amorín Maciel.
El 7 de junio del año 2019 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad hizo la solicitud de procesamiento y el 19 de octubre de 2023 fue dictado el procesamiento con prisión de los siguientes cinco militares y oficiales de la Fuerza Aérea, adaptando los delitos a la normativa vigente al momento de los hechos:
A Gustavo Carlos Urban Saavedra, Roberto Cáceres, Enrique Ribero Ugartemendía, Juan Antonio Rodríguez Goñi se les imputó como coautores de reiterados delitos de Privación de Libertad (especialmente y muy especialmente agravados) en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de Violencia Privada (especialmente agravados). La jueza sustituyó el cargo de "abuso de autoridad" pedido por Fiscalía por "violencia privada", ya que para abusar de la autoridad sobre un detenido, el arresto original debió ser legal, cosa que en estos secuestros no ocurrió.
A Walter Alcides Pintos Alvariza (Señalado por múltiples víctimas como el jerarca o Jefe al mando de los interrogatorios en Boiso Lanza), se le procesa de los mismos delitos que a los otros cuatro (Privación de libertad y Violencia Privada), pero se le suma la imputación como presunto coautor de reiterados delitos de Atentado Violento al Pudor, debido a su responsabilidad en la violencia sexual, desnudamientos forzados y tocamientos que sufrieron las víctimas.
El procesamiento también también menciona a un sexto implicado, Ramón Bernardo Rodríguez López, pero la acción penal en su contra se extinguió por haber fallecido en 2016, y se ordenó la captura internacional de un séptimo, Roberto Freddy Amorin Maciel.
