Presumario

La causa judicial, iniciada en el año 2021, refiere a delitos de lesa humanidad cometidos contra mas de 50 ciudadanos y ciudadanas uruguayas en Argentina por parte de agentes militares uruguayos Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Ricardo Arab, actuando en ese país en coordinación con oficiales argentinos.

Los delitos que se denuncian son:

• Homicidios de: Zelmar Raúl Michelini Guarch, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo Longo, William Alen Whitelaw Blanco, Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Guilermo Rivera Jabif Gonda, Luis Enrique Latrónica Damonte, Telba Petrolina Juarez Beliz, Eduardo Efraín Chizzola Cano, Hugo Gomensoro Josman, José Hugo Méndez Donadio y Francisco Eduardo Candia Correa.
• Desaparición forzada de: Manuel Liberoff Peisajovich y Washington Javier Barrios Fernández.
• Supresión y suposición de estado civil de: María Macarena Gelman García y Mariana Zaffaroni Islas.
• Privación de libertad de: los niños Gabriela María Schroeder, María Victoria Barredo y Máximo Fernando Barredo, María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba. Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Alba Coitinho Mello y sus pequeñas hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martínez Coitinho, María del Carmen Martínez Adieggo, María del Rosario Villarino, Washigton Pérez Rossini, Washington Pérez Carrozo.
• Privaciones de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos (torturas) y lesiones graves respecto de: Alberto Andrés Correa, Rivera Moreno y Nicasio Moreno. Emilia Carlevaro, Marina Lombardi, María Parola y Andrés Cultelli Chiribao y los restantes detenidos en el “Plan Dragón”, Hugo Cores Pérez, Mario, Edén y Antonio Echenique San Pedro, Mario Di Negri, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Ricardo Martínez Platero, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta.
• Rapiñas en perjuicio de: La familia Gutiérrez Ruiz/Rodríguez, Luis Pedro y Zelmar Michelini hijo, la familia Whitelaw/Barredo, el domicilio de Eden Echenique San Pedro, la familia Martinez Platero/Coitinho, el matrimonio Gomensoro/Vallarino, el domicilio de la pareja Mendez/Martinez Adieggo, la familia Mechoso/Catellonese y la familia Soba/Laguna.

Esta causa judicial refiere a torturas y secuestros a detenidos en las dependencias de la Armada Nacional, Fusileros Navales (FUSNA) y Prefectura Nacional Naval.

La denuncia que dio origen a esta causa contiene testimonios de 42 víctimas y testigos de los hechos, en las cuales se señalan a 25 integrantes de la Armada y de otras fuerzas que colaboraron con la represión.

Luego de la presentación de la denuncia, en el año 2012, los represores presentaron varios recursos dilatorios, que fueron resueltos negativamente por la Suprema Corte de Justicia.

El 23 de mayo del año 2024, la fiscal Sabrina Flores, presentó una solicitud de procesamiento y prisión contra los indagados Alex Werner LEBEL BAPTISTA, Tabare Yamandu DANERS EIRAS, Felipe Rómulo VIACABA SOSA, Fernando LECUMBERRY, Victor DA SILVA, Federico LEBEL BAPTISTA, Héctor Hipólito CORBO, Obdulio CUSTODIO AMARO y Arturo DINI OLIVERA. Este último fue un médico que revistó en la Armada, y fue expulsado en el año 2000 del Sindicato Médico del Uruguay por su participación en la represión.

En dicho pedido de procesamiento, también se solicita la extradición de FLEMING JULIO GALLO SCONAMIGLIO y de JORGE TROCCOLI, desde España e Italia, respectivamente. TROCCOLI, se encuentra cumpliendo condena a cadena perpetua en Italia, por delitos de lesa humanidad.

Asimismo, el escrito solicita averiguar el paradero de los indagados ose Luis Pasadore y Eduardo Laffite y la resolución del recurso planteado por el indagado WALTER VIDELA.

Esta causa investiga el secuestro, tortura y violencia sexual contra las detenidas en el centro clandestino de detención "La Tablada" y otros lugares, entre los meses de junio de 1981 y junio de 1982, durante la dictadura cívico-militar.

Las víctimas identificaron a varios de sus agresores, entre ellos a Enrique Luis Uyterhoeven Castiglioni, quien operaba bajo el alias de "Ulises". Durante la investigación judicial y mediante diversas pruebas y testimonios, el propio imputado reconoció su alias, admitió haber cumplido funciones en La Tablada durante ese período y aceptó tener conocimiento y haber presenciado episodios de tortura hacia los detenidos.

Como conclusión, la jueza Dra. Ana de Salterain rechaza los argumentos de la defensa y decreta el procesamiento y prisión preventiva de Enrique Luis Uyterhoeven. Se le imputan los delitos continuados de privación de libertad, en reiteración real con abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. El 25 de setiembre de 2024 fue condenado por estos crímenes, falleciendo al año siguiente.

Esta causa judicial refiere al asesinato en torturas en 1972 de Francisco Chocho Larrosa, vecino de la ciudad de Maldonado e integrante del Partido Nacional.  En abril del 2023 el Capitán retirado del Ejército, Giordano D' Amato, Eduardo Juan fue procesado por este crímen.

El 14 de setiembre 2021, 48 años después de su asesinato bajo torturas, fueron procesados con prisión por asesinato los represores con prisión Lawrie Rodríguez y Ariel Ubillos. Otro represor indagado presentó un recurso dilatorio. Estos represores fueron condenados el 24/03/2024.

Por su parte, otro imputado de esta causa, Alexis Grajales, fue condenado en setiembre de ese año a cumplir 22 años de cárcel. La defensa del represor presentó una apelación y el militar fue absuelto por un Tribunal de Apelaciones en diciembre de 2025. Ante esta situación, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, presentó un recurso de Casación para revertir este fallo.

Esta causa judicial refiere al asesinato de Silvia Ivonne Reyes Sedarri (19 años, cursando un embarazo de tres meses), Laura Marta Raggio Odizzio (19 años) y Diana Riva Maidanic Potasnik (21 años). Las tres jóvenes son históricamente conocidas como las "Muchachas de Abril".

Los delitos acontecieron en la madrugada del 21 de abril de 1974, en el apartamento 3 de la finca ubicada en la calle Mariano Soler N.º 3098 bis (también referida como Ramón de Santiago 3086), en Montevideo, en el marco de la persecución a integrantes del MLN-T.

Rebollo García, quien en la época de los hechos era Teniente Coronel y Jefe del Grupo de Artillería Antiaérea N.º 1, coplanificó e impartió las órdenes para ejecutar un masivo operativo militar sin orden judicial de allanamiento, con el fin de detener al militante del MLN-T Washington Barrios (esposo de Silvia Reyes), quien no se encontraba allí. Los efectivos militares irrumpieron por la fuerza en la vivienda mientras las víctimas dormían. Se produjo una balacera masiva con armas automáticas y de grueso calibre que acribilló a las tres jóvenes por el frente y desde su derecha. La pericia médico-legal determinó que la hipótesis de un "enfrentamiento armado" propuesto por la versión militar de la época era incompatible con la posición dantesca y superpuesta en la que se hallaron los cuerpos, demostrando que fueron brutalmente ejecutadas en total indefensión.

En el mismo procedimiento falleció el Capitán militar Julio César Gutiérrez Bremmermann (herido gravemente por fuego cruzado de los propios militares) y el agente de policía Dorval Márquez González (quien iba en bicicleta a trabajar y fue abatido por un alférez al ser confundido con el prófugo). Tras los homicidios, camiones del Ejército saquearon y vaciaron por completo todos los bienes muebles del apartamento.

En esta causa se procesó con prisión a Juan Modesto Rebollo García el 22 de julio de 2022, la cual fue confirmada el 26 de abril de 2023 por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno.

El 17 de julio de 2025, Rebollo fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por la pluralidad de resultados. Como agravantes se consideraron el carácter público del agente, la nocturnidad, la pluriparticipación, la alevosía (por obrar sobre seguro atacándolas mientras dormían) y la agravante específica de cometer el homicidio precedido por otro delito (violación de domicilio ilegal en plena madrugada). Se le impuso la pena máxima aplicable para el tipo penal de treinta (30) años de penitenciaría.

La causa se reabre en el año 2020. Al encontrarse e identificarse los restos de Eduardo Bleier, el fiscal de lesa humanidad solicitó en octubre de 2019 la reapertura de la causa judicial que se encontraba archivada.

Esta causa judicial refiere al asesinato y la desaparición forzada de Antonio Omar Paitta Cardozo, de 39 años, padre de tres hijos, obrero de la construcción, integrante del sindicato SUNCA y Secretario de la Regional 3 del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Fue secuestrado en la madrugada del 21 de setiembre de 1981, en el marco de una serie de operativos a gran escala dirigidos por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) para desarticular al PCU. Paitta fue trasladado inmediatamente al centro clandestino de detención "La Tablada", un recinto operado exclusivamente por el OCOA. Allí fue sometido a severos interrogatorios bajo intensos tormentos físicos (como submarino, plantones, picana eléctrica y golpes de diversa intensidad) con el fin de extraerle información sobre el partido y el sindicato.

Como consecuencia directa de las torturas recibidas durante los interrogatorios, Antonio Omar Paitta falleció en dicho centro clandestino el 1º de octubre de 1981, diez días después de su captura. El procesamiento Dra. Isaura Tórtora Bof el 21 de marzo de 2025 aborda específicamente el rol que tuvieron los represores en el asesinato de Paitta:

La jueza encontró elementos de convicción suficientes (semiplena prueba) para enjuiciar a dos exoficiales que operaban en el OCOA durante ese período. Se les imputó la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautores:

Enrique Uyterhoeven Castiglioni (alias "Ulises"): Al momento del asesinato de Paitta, cumplía funciones como el 2º Jefe de la División Operaciones de OCOA. El propio indagado admitió haber operado en "La Tablada" bajo el apodo de "Ulises", y más de una decena de sobrevivientes lo reconocieron directamente al momento de sus propias detenciones, interrogatorios y sesiones de tortura. Se decretó su procesamiento con prisión efectiva. Ya se encontraba previamente procesado por otros delitos de privación de libertad y abuso de autoridad cometidos en el mismo centro clandestino.

Alberto Miguel Lombardi Guida (posible alias "Lucas"): Según su legajo militar, se desempeñó como analista de inteligencia y operó en "La Tablada" entre julio de 1981 y febrero de 1982 (período exacto en el que ocurrió el crimen). Su legajo personal contiene anotaciones y felicitaciones del jefe de OCOA, Gustavo Taramasco, destacando su "total solvencia" y participación exitosa en "operaciones especiales de inteligencia" apenas días antes del asesinato de Paitta. Se decretó su procesamiento con prisión domiciliaria y uso de dispositivo electrónico (tobillera). La jueza le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.

Esta causa judicial aborda el secuestro, privación de libertad y tortura de Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti Rosas, junto a los dos pequeños hijos de Celiberti, Camilo y Francesca. La operativa represiva fue ejecutada en Porto Alegre, Brasil, en una operación conjunta entre fuerzas de seguridad uruguayas y brasileñas, en el marco del Plan Cóndor. Posteriormente, los cuatro secuestrados fueron trasladados ilegalmente a Uruguay. Los acusados en este proceso fueron José Walter Bassani Sacías, Glauco José Yannone De León, Carlos Alberto Rossel Argimón y Eduardo Augusto Ferro Bizzozero.

En el año 2022 fueron procesados Glauco José Yannone De León y Carlos Alberto Rossel Argimón por secuestro y tortura, y en el año 2024 se procesó a Eduardo Ferro (quien en el procesamiento original se encontraba prófugo) por los mismos delitos.

El 15 de setiembre de 2025, Yannone y Rossel fueron condenados por secuestro y tortura a doce años de cárcel.

Causa que investiga el asesinato por envenenamiento de María Cecilia Fontana de Heber. La causa fue reabierta en el año 2006 y archivada en el 2017. Su hijo, Luis Alberto Heber solicitó en enero de 2020 la reapertura del caso. Por este crímen, el 18 de octubre de 2024 la justicia procesó a Juan Ricardo Zabala Quintero con prisión por la coautoría de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado.