Wellington Sarli Pose es un represor uruguayo que se encuentra prófugo de la justicia y reside en Chile, país al que fue extraditado en 2006 y donde cumplió condena por el secuestro y homicidio del químico chileno Eugenio Berríos Sagredo, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura de Augusto Pinochet. En 2015 la Corte Suprema de Chile confirmó su condena a cinco años y un día como cómplice de secuestro y sesenta días por asociación ilícita, en el mismo proceso en que fueron condenados los militares uruguayos Tomás Casella y Eduardo Radaelli y once militares chilenos. El proceso de extradición hacia Uruguay se encuentra en trámite.
En abril de 1975 revistaba como Alférez en el Batallón de Infantería No. 10 de Treinta y Tres. La sentencia de condena dictada el 2 de setiembre de 2024 en la causa por torturas en el Batallón de Infantería No. 10 lo ubica, entre los hechos probados, como uno de los oficiales que acompañaba al S2 (Inteligencia) en la ejecución de los apremios e interrogatorios contra el grupo de casi cuarenta detenidos —en su mayoría adolescentes de entre 13 y 20 años vinculados a la Unión de Juventudes Comunistas—, y como responsable, junto al oficial Rogelio Garmendia, del traslado nocturno de los adolescentes hacia dependencias del Consejo del Niño en Montevideo, encapuchados y maniatados en un camión del Ejército. Al menos nueve víctimas lo sindicaron nominativamente en sus declaraciones judiciales, reconociéndolo por la voz, por la caída de la capucha durante los interrogatorios o por conocerlo previamente como vecino de la ciudad. Los detenidos lo recuerdan como uno de los torturadores más crueles: actuaba como si fuera el superior del cuartel, por lo que lo apodaban "jefe chico", y se jactaba de interrogar a cara descubierta. Los coencausados Juan Luis Álvez y Mohacir Leite —ambos condenados en esa causa— lo situaron en la unidad y en la órbita de los interrogatorios. Sarli no fue procesado: se encontraba en Chile. Su legajo militar fue incorporado como prueba al expediente.
Los mismos hechos se investigan en la causa acumulada iniciada por Marianela Pertuy y otras víctimas, en la que el 23 de diciembre de 2024 fueron procesados con prisión José María Lete Olascoaga, Rogelio Aníbal Garmendia Olivera y Pedro Enrique Buzó Correa.
Como oficial del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) actuó posteriormente en el centro clandestino de detención La Tablada. En la causa por tortura y violencia sexual contra las detenidas en La Tablada, las víctimas lo identificaron entre quienes les aplicaron tormentos, bajo el alias de "Simón" —conforme a la práctica de OCOA de utilizar apodos coincidentes con la inicial del apellido—. Su legajo personal fue también requerido e incorporado como prueba en la causa por la desaparición forzada de Omar Paitta, militante del SUNCA y del PCU asesinado bajo tortura en La Tablada en octubre de 1981.
En 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó su extradición y se libró orden de captura internacional a través de Interpol. Está requerido por la justicia uruguaya en las causas por torturas contra adolescentes en Treinta y Tres, por torturas y violencia sexual en La Tablada, y por las desapariciones forzadas de Omar Paitta, Miguel Ángel Mato y Félix Ortiz. Continúa percibiendo su jubilación como militar retirado.
