Luis Batalla era albañil, tenía 32 años, estaba casado y era padre de dos hijos pequeños. Vivía en el barrio Artigas, en el departamento de Treinta y Tres. Estaba afiliado al Partido Demócrata Cristiano y militaba activamente en el Frente Amplio.
El 24 de mayo de 1972, fue secuestrado y trasladado al Batallón de Infantería Nº 10, donde fue sometido a brutales torturas. Pocos días después, murió como consecuencia directa de los apremios sufridos. Su asesinato fue denunciado públicamente en el Parlamento por el diputado Daniel Sosa Díaz, durante la interpelación al entonces Ministro de Defensa, General Enrique Magnani.
Al restablecerse la institucionalidad democrática, se presentó una denuncia judicial por su caso, pero fue archivada en aplicación de la Ley de Caducidad. La causa fue reabierta recién el 15 de abril de 2013. En el año 2019, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad solicitó el procesamiento de varios represores involucrados en su detención, tortura y asesinato.
Finalmente, en julio de 2025, la Justicia condenó por su homicidio bajo tortura a los represores Héctor Rombys (jefe de inteligencia “S2” del batallón) y Arquímedes Maciel (coordinador de la lucha antisubversiva de la Región Militar N.º 4). La investigación penal también identificó la participación directa en los interrogatorios y torturas del oficial Héctor Da Rosa, actualmente prófugo, y del oficial Antonio Mato.
Asimismo, estuvieron vinculados al operativo de detención y custodia de Luis Batalla: el jefe de la unidad, Tte. Cnel. Juan José Molina (fallecido); el capitán Pedro Antonio Matto y el mayor Washington Perdomo (fallecido), ambos del Servicio de Información de Defensa; el capitán Juan Cuadrado y el teniente Miguel A. Clara (fallecido); y el funcionario policial Ayrton Correa.
