Esta Causa Judicial refiere a los crímenes cometidos en cuatro centros clandestinos de Argentina, que funcionaron en brigadas de la Policía bonaerense dentro del “Circuito Camps”.
Los Pozos de Quilmes y Banfield fueron un enclave central del Plan Cóndor: al menos unos 30 uruguayos pasaron por el Pozo de Quilmes y al menos 24 por el de Banfield, mayoritariamente militantes del PVP (y también del GAU, PCR y tupamaros) secuestrados entre fines de 1976 y comienzos de 1978, trasladados alternativamente entre ambos pozos. La mayoría permanece desaparecida. Tres casos emblemáticos de apropiación de niños vinculados a estos centros son María Victoria Moyano Artigas, Carmen Gallo Sanz y Carlos D’Elía Casco.
El 26 de marzo de 2024 el tribunal dictó 10 penas de prisión perpetua, una de 25 años y una absolución:
- Prisión perpetua (10): Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno bonaerense, único civil), Federico Minicucci (Regimiento de Infantería 3 de La Tablada), Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu y Carlos Gustavo Fontana (Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército), Juan Miguel Wolk (Policía bonaerense), Jorge Antonio Bergés (médico) y Luis Horacio Castillo (brigadas de Banfield y Lanús).
- 25 años: Alberto Julio Candioti (Destacamento de Inteligencia 101). En este caso la fiscalía había pedido perpetua, pero el tribunal acogió un planteo de falta de acción por una serie de hechos que “exceden el marco” de la requisitoria que la Justicia argentina había hecho a la República Oriental del Uruguay, desde donde Candioti fue remitido en 2016.
- Absuelto: Enrique Augusto Barre.
El tribunal condenó por desaparición forzada, homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, sustracción de menores, reducción a la servidumbre, aborto forzado y delitos de violencia sexual (abuso sexual con acceso carnal y abuso deshonesto). Entre las víctimas hay decenas de embarazadas, niños y niñas apropiados, estudiantes secundarios de “la noche de los lápices” y —por primera vez reconocidas como víctimas del terrorismo de Estado en este circuito— un grupo de personas trans secuestradas y torturadas en el Pozo de Banfield. En minoría, el juez Basílico calificó los hechos como cometidos “en el marco de un genocidio”.
Si bien no hubo represores uruguayos entre los condenados, sí está documentado que en Banfield y Quilmes actuaron en 1977-1978 integrantes del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) del Ejército uruguayo, que manejaban al grupo de prisioneros uruguayos.