Abuso de autoridad contra los detenidos

Esta causa judicial refiere a la desaparición de ciudadanos argentinos vinculados a Montoneros. Dentro de los delitos denunciados se encuentran la derención y posterior desaparición del ciudadano argentino Oscar De Gregorio, así como el secuestro y tortura de otras personas de esa nacionalidad que residían en Uruguay y también de ciudadanos uruguayos pertenecientes a los Grupos de Acción Unificadora (GAU).

Por estos delitos fueron procesados el 26 de septiembre de 2022 los represores Omar Raúl Lacasa Antelo y Felipe Sande Lima, imputándoles los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados, en calidad de autores.

Esta causa judicial refiere a las torturas cometidas en el Batallón de Infantería No. 6 de la ciudad de San José, principalmente contra jóvenes militantes del Partido Comunista de Uruguay.

El 30 de junio de 2022, los militares Rubens Francia y Francisco Macaluso fueron formalizados y al año siguiente, condenados por privación de libertad y torturas a los detenidos a una pena de 12 años y 6 meses de cárcel. Los condenados apelaron el fallo. La condena fue confirmada por el tribunal de apelaciones el 14 de febrero de 2024.

Se decretó la prisión preventiva contra Hugo Orestes Guillén, Wisthón Mario Vítale y Alejandro Ariel Ferreira por el término de 120 días en el marco de la acusación por torturas en los centros clandestinos de detención y tortura Los Vagones de la ciudad de Canelones.

Habiendo fallecidos los procesados Guillén y Vitale, entre diciembre y febrero de 2022 se llevaron adelante las audiencias del juicio oral y público contra Ferreira. Este último fue condenado por torturas en los Vagones y sentenciado a nueve años de prisión, el 6 de marzo de 2023.

Esta causa judicial refiere a torturas y secuestros a detenidos en las dependencias de la Armada Nacional, Fusileros Navales (FUSNA) y Prefectura Nacional Naval.

La denuncia que dio origen a esta causa contiene testimonios de 42 víctimas y testigos de los hechos, en las cuales se señalan a 25 integrantes de la Armada y de otras fuerzas que colaboraron con la represión.

Luego de la presentación de la denuncia, en el año 2012, los represores presentaron varios recursos dilatorios, que fueron resueltos negativamente por la Suprema Corte de Justicia.

El 23 de mayo del año 2024, la fiscal Sabrina Flores, presentó una solicitud de procesamiento y prisión contra los indagados Alex Werner LEBEL BAPTISTA, Tabare Yamandu DANERS EIRAS, Felipe Rómulo VIACABA SOSA, Fernando LECUMBERRY, Victor DA SILVA, Federico LEBEL BAPTISTA, Héctor Hipólito CORBO, Obdulio CUSTODIO AMARO y Arturo DINI OLIVERA. Este último fue un médico que revistó en la Armada, y fue expulsado en el año 2000 del Sindicato Médico del Uruguay por su participación en la represión.

En dicho pedido de procesamiento, también se solicita la extradición de FLEMING JULIO GALLO SCONAMIGLIO y de JORGE TROCCOLI, desde España e Italia, respectivamente. TROCCOLI, se encuentra cumpliendo condena a cadena perpetua en Italia, por delitos de lesa humanidad.

Asimismo, el escrito solicita averiguar el paradero de los indagados ose Luis Pasadore y Eduardo Laffite y la resolución del recurso planteado por el indagado WALTER VIDELA.

Esta causa judicial refiere a torturas y abusos sexuales cometidos contra militantes, en su mayoría pertenecientes al Partido Comunista del Uruguay y la Unión de Juventudes Comunistas. Los crímenes ocurrieron en la ex Guardia Metropolitana (Magallanes y Paysandú) y por los mismos fue procesado el 13/07/2020 el policía retirado Tabaré Sartorio Guimaraens, imputandosele los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos. El 12/03/2021 fue procesado con prisión por los mismos delitos de tortura, el policía retirado Ayelmiro Pereira Silveira.

Causa colectiva por torturas presentada en año 2011, en que se denunció secuestros, torturas y violencia sexual sobre varias personas en el Batallón 13 y el Centro Clandestino de Detención '300 Carlos'. El expediente judicial recopiló mas de 20 testimonios de estos delitos, por los cuales fueron procesados con prisión, el 3 de junio de 2021 los militares José Nino Gavazzo, Mario Julio Aguerrondo Montecoral, Rudyard Raúl Scioscia Soba, Mario Carlos Franchelle Franco, Mario Manuel Cola Silveira, Ernesto Ramas y Jorge Silveira.

El 1 de diciembre de 2022 fue procesado en esta misma causa, por su participación en secuestros y torturas, el militar retirado Rogelio Garmendia.

El 28 de octubre de 2011, 28 ex presas políticas presentaron una denuncia colectiva por torturas y violencia sexual durante la dictadura. La denuncia penal menciona a más de 100 agresores, la mayoría militares aunque también hay médicos, psicólogos y policías.

En el marco de esta causa, se procesó en el año 2015 a Héctor Amodio Pérez. Dicho procesamiento fue revocado al año siguiente.

Por esta causa, también fue procesado, en el año 2016, a Asencio Lucero aunque la imputación fue por delitos de privación de libertad y no por abuso sexual. Lucero murió ese mismo año en el Hospital Militar.

La causa se comenzó a reactivar a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en delitos de lesa humanidad, en el año 2018.

Exceptuando los dos procesamientos, uno de los cuales fue revocado, la causa no habia tenido prácticamente avances significativos en sus casi 10 años en la justicia. Eso motivo que el pasado 18 de marzo de 2021 se realizó la presentación de la falta de acceso a la justicia en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 19 de marzo de 2021 se procesó con prisión a los represores Antranig Ohannessian y Jorge Silveira (este ya en prisión con anteriores condenas por delitos de lesa humanidad) por múltiples delitos de privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor. La condena a estos dos represores fue emitida el 22 de marzo de 2022, decretándose la pena de ocho años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida a Ohannessian y doce años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida a Silveira.

El 20 de diciembre de ese año, fueron procesados Omar Raúl Lacasa Antelo y Ramón Tuccelli Rodríguez por torturas y abusos sexuales contra detenidas.

Esta causa referida a torturas y abusos sexuales cometidos en dependencias de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia tuvo su origen en la denuncia colectiva del año 2011 por parte de mas de 40 víctimas, que eran miembros de la Unión de Juventudes Comunistas en la década de 1970. A esta causa se incorporó una causa anterior 'ALSINA Gustavo y otros, denuncia', también por torturas, que había sido presentada en 1985.

Por estos delitos de lesa humanidad, en julio del 2020 se procesó con prisión a los represores Jorge Guldenzoph, ex militante de la Unión de Juventudes Comunistas que actúo como delator, torturador y abusador sexual durante la dictadura cívico-militar uruguaya y el oficial policial José Felisberto Lemos. Los delitos que se les imputaron en el procesamiento fueron de abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

El 15 de febrero de 2024, se condenó a Guldenzoph a cumplir 10 años de cárcel por los delitos de tortura, secuestro y abuso sexual.

Por esta causa se procesó el 18/02/2019 a los represores Plácido Gregorio Amorin Eraso, y Artigas Walter Rivera Bianchi por la comisión prima facie de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos. Por los mismos delitos, el 04/08/2020 fue procesado el militar Víctor Stocco. Las personas que los denunciaron refieren a las torturas a las que fueron sometidas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce (Departamento de Maldonado). La mayoría de los denunciantes eran en el momento de ocurridos los crímenes, estudiantes de entre 18 y 20 años de edad que integraban grupos que se dedicaban a realizar propaganda contra la dictadura mediante pintadas en muros, volantes, etc.

Por esta misma causa, se acusó al médico de esa unidad militar, el Dr. José Luis Braga Rosado, quien colaboraba con las torturas a los detenidos. En el año 2020 un juez considerara que no había mérito para procesar a Braga y que la causa en su contra se archivara. Ese mismo año se pidió el desarchivo de la misma, y el 23 de agosto de 2023 se logró el procesamiento de este médico.