La nota da cuenta de heridas de importancia recibidas por tres estudiantes producto de disparos de la policía sobre una manifestación estudiantil.
Posteriormente relata situaciones de ocupación en Facultades y locales de liceos y UTU de Montevideo.
Se listan notas de publicaciones uruguayas que mantuvieron una línea editorial de apoyo y complicidad con la dictadura cívico militar (1973-1985) y el accionar ilegítimo del estado (1968-1973). Entre estas publicaciones se encuentran, El Día, El Diario y El País, entre otros.

La nota da cuenta de heridas de importancia recibidas por tres estudiantes producto de disparos de la policía sobre una manifestación estudiantil.
Posteriormente relata situaciones de ocupación en Facultades y locales de liceos y UTU de Montevideo.

La nota da cuenta de la detención policial de 36 personas bajo Medidas Prontas de Seguridads, entre ellas estudiantes menores de edad, en varios departamentos del país (Canelones, Maldonado, Montevideo y Paysandú). La nota nombra a varias a las personas detenidas en Montevideo y Paysandú.
A continuación, en la misma página, se destaca la una carta de apoyo al Presidente Jorge Pacheco Areco firmada por las Cámaras de Comercio, Mercantil, la Bolsa de Valores, la Confederación de Comerciales e Industriales del Interior, la Asociación de Bancos, Federación y la Asociación Rural.

Tapa de El Diario con fotos y textos de cobertura del sepelio del estudiante asesinado Líber Arce. En esa misma tapa el editor informa que el día anterior no informaron del suceso cumpliendo la advertencia que les hizo un funcionario de Jefatura de Policía de que no se podía publicar esa noticia. Esa imposición, según se explica, fue levantada recién para los diarios que se publicaron la mañana del 15 de agosto.
Foto del multitudinario cortejo fúnebre que acompaño los restos del estudiante Liber Arce, asesinado por un policía. Se presentan notas sobre el parte médico del Hospital de Clínicas, la versión oficial emitida por la jefatura de Montevideo y del procesamiento del oficial ayudante Enrique Daniel Tegiachi Brene por ese homicidio.


La versión de la policía ante este hecho, así como la de El Diario, afirmó que el Antonio Burgos resutó muerto en un intercambio de disparos luego de darse a la fuga al solicitarsele los documentos de identidad. Este hecho fue denunciado ante Asamblea General por los diputados Juan Pablo Terra (Partido Demócrata Cristiano), Amílcar Vasconcellos Partido Colorado) y Francisco Rodríguez Camusso (Partido Nacional) quienes afirmaron que no hubo tal enfrentamiento y que Burgos fue asesinado por la policía.

La nota de El País relata el asesinato del matrimonio conformado por Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez en su hogar ubicado en la calle Amazonas 1440. Como fue habitual, el diario replica la versión oficial de los hechos, enmarcando estos hechos como fruto de un tiroteo en el cual las Fuerzas Conjuntas respondieron a una agresión armada.
En realidad, Luis Martirena fue ametrallado al abrir la puerta de su casa y lo dejaron desangrar hasta morir, e Ivette fue asesinada de un tiro en la boca.
Nota de El País que relata el hecho como un enfrentamiento entre las Fuerzas Conjuntas y ocupantes de la casa Pérez Gomar nº 4392 que se saldó con 4 de sus ocupantes muertos. Los contenidos de esta nota, replicaban en parte las versiones oficiales sobre el hecho.
No obstante, testimonios de vecinos y testigos de los hechos relataron "que las Fuerzas Conjuntas ingresaron al domicilio y los asesinaron sin que hubiera existido enfrentamiento".




Nota de El País, que replica la versión oficial respecto a la muerte de Virginia Amanda Oliveri González. De acuerdo a esta versión, habría muerto en el marco de un tiroteo con las fuerzas conjuntas.










Esta publicación es una traducción de fragmentos seleccionados a partir de los debates y resoluciones adoptados en el Congreso de los Estados Unidos en 1976, en relación con la suspensión de la asistencia militar a Uruguay. El propio encabezado del documento lo explicita al señalar: “publicamos a continuación la traducción íntegra y no oficial del acta de la sesión del Congreso…”.
Sin embargo, dicha traducción no corresponde a una transcripción literal ni completa del registro oficial del Congreso (Congressional Record), sino a una compilación traducida de intervenciones específicas, centradas principalmente en la enmienda impulsada por el congresista Edward I. Koch y en los argumentos que denunciaban las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura.
Es una nota particular que debe contextualizarse en las condiciones y motivos por los que esta nota fue difundida en Uruguay. El texto, publicado por el diario El País, un medio que colaboró activamente con la dictadura, reproduciendo información oficial y discursos que criminalizaba la protesta social, la militancia política y la disidencia. En ese marco, la publicación de una traducción parcial de un debate parlamentario que cuestionaba al régimen debe ser leída de forma crítica, atendiendo tanto a los recortes, omisiones y silencios del texto traducido.
En su intervención ante el Congreso de Estados Unidos, Edward I. Koch no se limitó a formular una objeciones generales, detalló las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática, el encarcelamiento prolongado sin juicio y la supresión de las libertades civiles; atribuyendo esas violaciones al Estado uruguayo y a sus fuerzas de seguridad; y apoyó sus afirmaciones en informes de organismos internacionales de derechos humanos y testimonios, nombrando a decenas de víctimas. El congresista Koch menciona la represión sobre los trabajadores, los estudiantes y la prohibición de funcionamiento de gremios y sindicatos. Ese nivel de precisión y de denuncia explícita es lo que permitió la suspensión de la asistencia militar como una respuesta directa a los crímenes de Estado.
La nota publicada por El País, en cambio, claramente optó por omitir y eludir la gravedad de los argumentos. Las violaciones a los derechos humanos aparecen diluidas en fórmulas generales : “cuestionamientos”, “críticas internacionales”, “situación de derechos humanos”. No hay mención a las víctimas, ni a sus sufrimientos, ni se señala de forma directa la responsabilidad del aparato represivo estatal. El foco se desplaza así del contenido sustantivo de las denuncias hacia el hecho diplomático en sí , la decisión del Congreso estadounidense, desactivando las razones humanitarias que motivaron esa decisión.
El documento original en inglés, fue publicado por el Congreso de los Estados Unidos y sirve de fuente primaria puede consultarse en el Congressional Record del 9 de abril de 1976, disponible en el sitio oficial del Congreso: https://www.congress.gov/94/crecb/1976/04/09/GPO-CRECB-1976-pt9-1-3.pdf
El título de la nota se encuentra en la parte superior de la portada de El País, mientras que el cuerpo de la misma, que se presenta en este contenido, se encuentra cerca del pie de página.

Nota de El País que reproduce la versión oficial argentina en que Hilda Elena Meikle murió en un enfrentamiento al intentar copar la escuela de policía, cuando en realidad trasladada desde La Calamita y asesinada junto a 8 personas en un falso enfrentamiento en la intersección de Las Verbenas y 9 de julio de Granadero Baigorria en lo que se conoce como "Masacre de Granadero Baigorria".

Nota de prensa de El País (Montevideo), publicada el 30/12/1977, fue difundida como parte de un operativo de propaganda de la dictadura uruguaya, en coordinación con la argentina.
Se informa sobre la "entrega" de la niña Alejandrina Barry a sus abuelos presentandola como víctima del "abandono" de sus padres "subversivos". En realidad, su madre Susana Mata y su padre Alejandro Barry, fueron desaparecidos en el marco de operativos represivos coordinados del Plan Cóndor contra militantes de Montoneros en Uruguay.