Colaboradora

La nota da cuenta de heridas de importancia recibidas por tres estudiantes producto de disparos de la policía sobre una manifestación estudiantil.

Posteriormente relata situaciones de ocupación en Facultades y locales de liceos y UTU de Montevideo.

La nota da cuenta de la detención policial de 36 personas bajo Medidas Prontas de Seguridads, entre ellas estudiantes menores de edad,  en varios departamentos del país (Canelones, Maldonado, Montevideo y Paysandú). La nota nombra a varias a las personas detenidas en Montevideo y Paysandú.

A continuación, en la misma página, se destaca la una carta de apoyo al Presidente Jorge Pacheco Areco firmada por las Cámaras de Comercio, Mercantil, la Bolsa de Valores, la Confederación de Comerciales e Industriales del Interior, la Asociación de Bancos, Federación y la Asociación Rural.

Tapa de El Diario con fotos y textos de cobertura del sepelio del estudiante asesinado Líber Arce. En esa misma tapa el editor informa que el día anterior no informaron del suceso cumpliendo la advertencia que les hizo un funcionario de Jefatura de Policía de que no se podía publicar esa noticia.  Esa imposición, según se explica, fue levantada recién para los diarios que se publicaron la mañana del 15 de agosto.

Foto del multitudinario cortejo fúnebre que acompaño los restos del estudiante Liber Arce, asesinado por un policía. Se presentan notas sobre el parte médico del Hospital de Clínicas, la versión oficial emitida por la jefatura de Montevideo y del procesamiento del oficial ayudante Enrique Daniel Tegiachi Brene por ese homicidio.

La versión de la policía ante este hecho, así como la de El Diario, afirmó que el Antonio Burgos resutó muerto en un intercambio de disparos luego de darse a la fuga al solicitarsele los documentos de identidad. Este hecho fue denunciado ante Asamblea General por los diputados Juan Pablo Terra (Partido Demócrata Cristiano), Amílcar Vasconcellos Partido Colorado) y Francisco Rodríguez Camusso (Partido Nacional) quienes afirmaron que no hubo tal enfrentamiento y que Burgos fue asesinado por la policía.

Esta nota fue publicada por el diario El País el 14 de abril de 1972, se informa sobre una neuva fuga ocurrida en el Penal de Punta Carretas en la mañana del miércoles anterior a la publicación.  25 presos lograron escapar del establecimiento: 15 identificados como integrantes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros y 10 presos comunes, algunos de los cuales el artículo sugiere que podrían haber sido reclutados por la organización clandestina. 

El texto describe que la evasión fue posible mediante un túnel excavado desde la red cloacal, cuya boca desembocaba en los sótanos del Hospital penitenciario. Para iniciar la fuga, los reclusos desarrollaron una maniobra dentro del consultorio odontológico del penal simulando una emergencia dental, redujeron al odontólogo, a sus ayudantes y a los guardias desarmados utilizando armas improvisadas (“cortes”). Tras inmovilizarlos, cortaron las comunicaciones telefónicas y accedieron al sótano del hospital, desde donde ingresaron al túnel. La crónica indica que el pasadizo subterráneo tenía alrededor de 50 metros de extensión y había sido minado con bombas “caza-bobo”, colocadas por los propios fugados para dificultar la persecución. El episodio no dejó personas heridas, limitándose a la reducción y posterior inmovilización del personal del establecimiento.

Personal del Servicio de Material y Armamento del Ejército debió intervenir posteriormente para retirar y detonar los explosivos encontrados en la red cloacal. El artículo señala que, pese al despliegue de un operativo de seguridad y controles en la zona, no se había logrado localizar a ninguno de los fugitivos. 

Además de la narración de los hechos, la nota incluye la lista de los 25 evadidos y un plano del penal que ilustra el recorrido del túnel desde las cloacas hasta el hospital penitenciario.  

Lista de los 25 fugados:

• Héctor Amodio Pérez
• Sergio Emiggio Da Rosa Silveira
• Luis Efraín Martínez Platero
• Tabaré Eloises Rivero Cedrés
• Jorge Pedro Zabalza Waksman
• Marcos Segundo Sosa Piriz
• Ángel María Yoldi Arciet
• José Alberto Mujica Cordano
• César Gerardo Long Damboriana
• Antonio Mas Mas
• Elbio Aníbal Cardozo Rodríguez
• José Antonio Calviño García
• Yamandú Rodríguez Olarriaga
• José Pedro Lopardo Tellechea
• Héctor Pascual Quartini Fernández
• Adalberto Viña Oviedo
• Edison Marín
• Waldemiro Sosa Tajes
• Alejandro Piriz Lareo
• Raúl Rosas Pérez
• Oscar Acevedo Olivera
• Carmelo Coitiño
• Héctor Guido Vargas
• Enrique Gómez Blanco
• Florentino Mello

La nota periodística fue publicada en el diario El País el 14 de abril de 1972. La escritura, a modo de crónica, fue motivada por la fuga ocurrida el 12 de abril de 1972, que funciona como punto de partida para repasar evasiones anteriores.

El artículo comienza señalando que “con la nueva fuga de 15 sediciosos y 10 reos comunes… suman tres las evasiones masivas de reclusos que abandonaron dicho local penitenciario”, en referencia a la cárcel de Punta Carretas.

Presenta una reconstrucción de las fugas de presas y presos políticos vinculados al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros ocurridas entre 1970 y 1971. El artículo representa una crónica y describe con atención las fugas de la cárcel de Punta Carretas y de la Cárcel de Mujeres de Montevideo. 

Como antecedente histórico, la nota recuerda la fuga ocurrida el 18 de marzo de 1931, conocida como la fuga de la carbonería “El Buen Trato”. En esa oportunidad siete militantes anarquistas y cuatro presos comunes escaparon de la cárcel de Punta Carretas mediante un túnel de unos 43 metros que conectaba el penal con una construcción cercana.

El artículo señala luego que la evasión más grande registrada hasta ese momento fue la del 6 de septiembre de 1971, cuando 106 presos políticos y 5 reclusos comunes escaparon de Punta Carretas a través de un túnel de aproximadamente 40 metros que comunicaba el penal con viviendas vecinas.

La nota también menciona dos fugas ocurridas de la Cárcel de Cabildo. La primera tuvo lugar el 8 de marzo de 1970, cuando 13 presas políticas escaparon durante la misa dominical tras un operativo coordinado desde el exterior. La segunda ocurrió el 30 de julio de 1971, cuando 38 presas lograron fugarse mediante un túnel que conectaba con la red cloacal.

La nota reproduce datos de las Fuerzas Conjuntas sobre la segunda fuga de presos comunes e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros del Penal de Punta Carretas.

En setiembre de 1971, se produjo la primera fuga masiva conocida como "el Abuso", en la que 111 presos, en su mayoría Tupamaros, se evadieron excavando un túnel el cual conectaron con otro realizado desde el exterior. 

El miércoles 12 de abril de 1972 se vuelve a producir una fuga de 25 presos, en este caso a través de un túnel escavado en la red cloacal que desembocaba al Hospital del Penal. Entre ellos estaban algunos participantes de la primera fuga que habían sido recapturados, Luis Martínez Platero, Jorge Zabalza, José Mujica y Antonio Mas Mas.

La nota de El País relata el asesinato del matrimonio conformado por Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez en su hogar ubicado en la calle Amazonas 1440. Como fue habitual, el diario replica la versión oficial de los hechos, enmarcando estos hechos como fruto de un tiroteo en el cual las Fuerzas Conjuntas respondieron a una agresión armada.

En realidad, Luis Martirena fue ametrallado al abrir la puerta de su casa y lo dejaron desangrar hasta morir, e Ivette fue asesinada de un tiro en la boca.

Nota de El País que relata el hecho como un enfrentamiento entre las Fuerzas Conjuntas y ocupantes de la casa Pérez Gomar nº 4392 que se saldó con 4 de sus ocupantes muertos. Los contenidos de esta nota, replicaban en parte las versiones oficiales sobre el hecho.

No obstante, testimonios de vecinos y testigos de los hechos relataron "que las Fuerzas Conjuntas ingresaron al domicilio y los asesinaron sin que hubiera existido enfrentamiento".

La nota de El País, reproduce el comunicado y la versión de las Fuerzas Conjuntas sobre la detención y muerte de Héctor Jurado Avellaneda. En el comunicado, se afirma que el detenido hizo un intento de autoeliminación, y a pesar de los cuidados que le brindaron en el Hospital Militar, falleció a los pocos días.

No obstante, informes como el reporte de Amnistía Internacional "Muertos en la Tortura en Uruguay : 22 Casos Conocidos", denuncia que Jurado Avellaneda tenía "numerosas marcas de malos tratos además de una herida de bala y otra cortante".

Nota de El País, que replica la versión oficial respecto a la muerte de Virginia Amanda Oliveri González. De acuerdo a esta versión, habría muerto en el marco de un tiroteo con las fuerzas conjuntas.

Esta publicación es una traducción  de fragmentos seleccionados a partir de los debates y resoluciones adoptados en el Congreso de los Estados Unidos en 1976, en relación con la suspensión de la asistencia militar a Uruguay. El propio encabezado del documento lo explicita al señalar: “publicamos a continuación la traducción íntegra y no oficial del acta de la sesión del Congreso…”.

Sin embargo, dicha traducción no corresponde a una transcripción literal ni completa del registro oficial del Congreso (Congressional Record), sino a una compilación traducida de intervenciones específicas, centradas principalmente en la enmienda impulsada por el congresista Edward I. Koch y en los argumentos que denunciaban las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura.

Es una nota particular que debe contextualizarse en las condiciones y motivos por los que esta nota fue difundida en Uruguay. El texto, publicado por el diario El País, un medio que colaboró activamente con la dictadura, reproduciendo información oficial y discursos que criminalizaba la protesta social, la militancia política y la disidencia. En ese marco, la publicación de una traducción parcial de un debate parlamentario que cuestionaba al régimen debe ser leída de forma crítica, atendiendo tanto a los recortes, omisiones y silencios del texto traducido.

En su intervención ante el Congreso de Estados Unidos, Edward I. Koch no se limitó a formular una  objeciones generales, detalló  las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática, el encarcelamiento prolongado sin juicio y la supresión de las libertades civiles; atribuyendo esas violaciones al Estado uruguayo y a sus fuerzas de seguridad; y apoyó sus afirmaciones en informes de organismos internacionales de derechos humanos y testimonios, nombrando a decenas de víctimas. El congresista Koch menciona la represión sobre los trabajadores, los estudiantes y la prohibición de funcionamiento de gremios y sindicatos. Ese nivel de precisión y de denuncia explícita es lo que permitió la suspensión de la asistencia militar como una respuesta directa a los crímenes de Estado.

La nota publicada por El País, en cambio, claramente optó por omitir y eludir la gravedad de los argumentos. Las violaciones a los derechos humanos aparecen diluidas en fórmulas generales : “cuestionamientos”, “críticas internacionales”, “situación de derechos humanos”.  No hay mención a las víctimas, ni a sus sufrimientos, ni se señala de forma directa la responsabilidad del aparato represivo estatal. El foco se desplaza así del contenido sustantivo de las denuncias hacia el hecho diplomático en sí , la decisión del Congreso estadounidense, desactivando las razones humanitarias que motivaron esa decisión.

El documento original en inglés, fue publicado por el Congreso de los Estados Unidos y sirve de fuente primaria puede consultarse en el Congressional Record del 9 de abril de 1976, disponible en el sitio oficial del Congreso: https://www.congress.gov/94/crecb/1976/04/09/GPO-CRECB-1976-pt9-1-3.pdf

El título de la nota se encuentra en la parte superior de la portada de El País, mientras que el cuerpo de la misma, que se presenta en este contenido, se encuentra cerca del pie de página.

Nota de El País que reproduce la versión oficial argentina en que Hilda Elena Meikle murió en un enfrentamiento al intentar copar la escuela de policía, cuando en realidad trasladada desde La Calamita y asesinada junto a 8 personas en un falso enfrentamiento en la intersección de Las Verbenas y 9 de julio de Granadero Baigorria en lo que se conoce como "Masacre de Granadero Baigorria".

Nota de prensa de El País (Montevideo), publicada el 30/12/1977, fue difundida como parte de un operativo de propaganda de la dictadura uruguaya, en coordinación con la argentina. 

Se informa sobre la "entrega" de la niña Alejandrina Barry a sus abuelos presentandola como víctima del "abandono" de sus padres "subversivos". En realidad, su madre Susana Mata y su padre Alejandro Barry, fueron desaparecidos en el marco de operativos represivos coordinados del Plan Cóndor contra militantes de Montoneros en Uruguay.

Esta nota, publicada el 22 de abril de 1984, constituye una nueva reproducción por parte de El País, de la versión oficial sobre hechos represivos de la dictadura. A través de un comunicado de la DINARP (Dirección Nacional de Relaciones Públicas), el diario reproduce la versión militar sobre la muerte de Vladimir Roslik, un médico de San Javier, intentando encubrir lo que hoy se reconoce como el último asesinato por tortura de la dictadura.